En medio de una nueva crisis financiera, el gobierno nacional envió al Senado el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que prometió al Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando recibió el auxilio financiero de más de 50 mil millones de dólares. La iniciativa apunta a blindar a las autoridades del organismo monetario, otorgándole amplia autonomía, y limitar su papel a "preservar la estabilidad de los precios". También le impide financiar al Tesoro nacional.
Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que el objetivo de la reforma es "fortalecer la credibilidad del BCRA, aumentando su independencia". De hecho, el artículo 1º del proyecto establece que "en el ejercicio de sus funciones y facultades, el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional".
El presidente de la entidad, Guido Sandleris, anticipó el 14 de marzo, en conferencia de prensa que el Ejecutivo enviaría el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Desde entonces, la autoridad monetaria generó una deuda de más de un billón de pesos en letras que vencen cada siete días y que capitalizan a un ritmo que lleva el interés efectivo al 90 por ciento. Esa bomba reemplazó a otra que había creado Federico Sturzenegger, otro cruzado de la autonomía de la entidad monetaria, a través de la emisión de Lebac.
El año pasado se perdieron más de u$s 35 mil millones de reservas por la corrida cambiaria generada, entre otras cosas, por el colapso de la bicicleta creada por la combinación de endeudamiento público y Lebac. Ese crac obligó al Ejecutivo, para evitar el default, a recurrir al Fondo Monetario Internacional y tomar nueva deuda por más de u$s 50 mil millones.
Estos mismos campeones de las finanzas piden ahora mayor poder. Por eso, buscarán con la aprobación del proyecto de ley "el establecimiento de reglas específicas para preservar la autonomía personal de los funcionarios a cargo del BCRA y asegurar que las decisiones que se tomen en el organismo se realicen con total independencia".
Una de las reformas promovidas es priorizar la preservación de la estabilidad de precios como "misión primaria" del Banco Central. En segundo plano quedaría, si se aprueba el cambio, uno de los objetivos que tiene el organismo por su carta orgánica, que es "promover el crecimiento económico sostenido y contribuir a la estabilidad financiera".
Otro punto clave es la eliminación de que "el BCRA financie al Tesoro" y la "eliminación de la posibilidad de utilizar las reservas de la entidad para el pago de deuda pública", al igual que la "eliminación de la posibilidad de que el mismo distribuya al Tesoro utilidades no realizadas".
También prevé auditorías que se realizarán "siguiendo las mejores prácticas internacionales", e incluyendo la creación de un Consejo de Supervisión Institucional que "deberá contar con mayoría de miembros no ejecutivos para la supervisión de todos los procesos internos, los de elaboración del presupuesto y los de confección del balance".
