Conicet, Inta, Inti y la Comisión de Energía Atómica sufrieron recortes profundos de presupuesto y personal. Los salarios reales en ciencia y tecnología cayeron hasta 38%
Una de las protestas que se realizó en Conicet Rosario.
En dos años el financiamiento público en ciencia y tecnología se redujo un 43,8%, pasando del 0,300% en 2023 hasta alcanzar un mínimo en relación con el PBI del 0,164% en 2025. De esta manera se encuentra por debajo incluso del anterior mínimo en el año 2002, reveló el informe de situación “Dos años de políticas de ciencia y tecnología (2023-2025)” elaborado por el Grupo EPC del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti).
El ajuste es transversal y afecta a todos los organismos e instituciones de ciencia del país. Por caso, en los dos años de gestión de Javier Milei el Conicet perdió el 31,4% de su presupuesto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) el 36,2%, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el 44,0%, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) el 47,1%, el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, ahora degradado a Secretaría, cayó un 79,6% y la Agencia I+D+I perdió un 82,2%.
El informe también advierte que todos los sueldos del sector vienen padeciendo un deterioro programado y sistemático. Los empleados Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo (CPA) del Conicet perdieron un 38% entre nov-23 y nov-25 en términos reales. Los sueldos de docentes e investigadores en universidades nacionales lo hicieron un 31,4% y los salarios del sistema nacional de empleo público cayeron un 29,3%.
Pero no solo cayó la inversión en salarios científicos. El monto total en becas y servicios cayó un 20,3% en dos años en términos reales, el gasto en insumos lo hizo un 51,2%, la inversión en bienes de uso y equipamiento lo hizo un 64,7% y las transferencias lo hicieron un 81,7% respecto del 2023.
Desde el centro de estudios que dirige Nicolás A. Lavagnino se especificó que la destrucción de empleos en el sector alcanzó la cifra de 5.192 puestos de trabajo entre dic-23 y sep-25, con fuertes caídas en el Conicet (-1.912), el Inti (781) y el Inta (654). Se perdieron 4.481 puestos en organismos de ciencia y tecnología y 711 en empresas del sector Público. La Agencia I+D+I y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología perdieron el 40% de su planta de personal.
Una muestra más del vaciamiento de organismos claves del sector científico y tecnológico. El gobierno nacional sacó este martes la resolución 213/2025 que dispone que el Inti deje de verificar instrumentos clave como balanzas, surtidores, alcoholímetros y radares y transfiere esas funciones a laboratorios privados acreditados. El gobierno presenta la medida como un proceso de desburocratización, pero el corrimiento estatal enciende las alarmas en mediciones sensibles para consumidores.
El Inti dejará de prestar servicios regulados y certificaciones relacionados con la aprobación de modelos y las verificaciones de instrumentos de medición. La disposición transfiere estas funciones a laboratorios de ensayos y organismos de certificación que cuenten con la acreditación del Organismo Argentino de Acreditación (OAA).
El cronograma de implementación establece el cese de servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el 31 de enero de 2026. En las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, la fecha límite es el 30 de abril de 2026. Finalmente, en Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe el retiro de servicios se hará efectivo el 30 de junio de 2026.
Las mediciones, que afectan directamente a consumidores y usuarios, quedarán en manos del mercado, con riesgo de conflicto de intereses y una mayor fragmentación del control público. En los hechos esta medida implica que el Estado deja de ser el garante directo de la precisión en mediciones que afectan derechos básicos: como el pesaje de productos, la carga en surtidores, el funcionamiento de radares de velocidad (cinemómetros) o termómetros clínicos.