La industria nacional comenzó a pagar el costo del salvataje financiero que el presidente Javier Milei pidió al FMI. El miércoles, el gobierno nacional oficializó la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (Cibu), una exigencia que trababa el ingreso al país de maquinaria y equipamiento usado. Su remoción fue un reclamo expreso de la administración Donald Trump, en el marco de su guerra comercial. El impacto se hará sentir en una gran cantidad de sectores con presencia en la provincia, entre ellos el de producción de maquinaria agrícola. Por eso, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) expresó su profunda preocupación y solicitó al gobierno nacional “una revisión urgente” de la decisión, que “atenta contra la industria local y contradice la visión de un país con desarrollo federal y generación de empleo genuino”.
En el sector de la maquinaria agrícola, la entrada en vigencia de esta medida que se venía resistiendo, cayó como una bomba. Desolado, un alto dirigente del sector, consultado por este diario, se manifestó devastado y, aunque evitó hacer declaraciones oficiales, expresó lacónicamente: “No hay futuro para la industria”.
El Cibu fue creado con la resolución 909, firmada en 1994 por el exministro de Economía, Domingo Cavallo, y fijaba un entramado de trámites a cumplir antes de autorizar la importación de bienes usados.
El gobierno nacional venía amagando hace meses con eliminar estos requisitos, aunque enfrentaba resistencia de las entidades industriales y de los gobiernos provinciales en los que las fábricas afectadas están radicadas.
La contraprestación
Finalmente, en la misma semana en que ingresó el primer desembolso del préstamo del FMI y en la que el presidente Javier Milei recibió la visita del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessen, el gobierno nacional publicó el decreto 273, que modificó el régimen.
Además de maquinaria agrícola, se flexibilizó el ingreso de máquinas para extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matricería (usados en la industria automotriz) y maquinaria para la industria gráfica, entre muchas otras.
Santa Fe cuenta con más de 2.000 fábricas de maquinaria y productos metalmecánicos, distribuidas entre grandes ciudades y localidades del interior, que generan en conjunto más de 50.000 puestos de trabajo directos. Estas empresas fabrican una amplia gama de productos, desde maquinaria y equipos hasta motores, compresores, sistemas electrónicos y componentes de alta complejidad, que abastecen a múltiples cadenas de valor estratégicas como las de petróleo, gas y minería, agroindustria, transporte, construcción y energía. “Medidas como la eliminación del Cibu ponen en riesgo su competitividad y su aporte al entramado productivo nacional”, señaló Fisfe en un comunicado.
Los riesgos
La entidad industrial santafesina advirtió que el decreto del gobierno nacional deja sin efecto “los requisitos mínimos de trazabilidad, seguridad, condiciones de uso o compatibilidad normativa” y se habilita el ingreso de maquinaria y equipos que “podrían haber sido descartados en sus países de origen, poniendo en riesgo tanto los procesos productivos como la salud de trabajadores y consumidores”.
Se quejó, además, porque fue “adoptada sin instancias de consulta ni mecanismos técnicos alternativos”.
En sintonía, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) expresó “su profunda preocupación” por la eliminación del Cibu. “Esta medida permite el ingreso de maquinaria obsoleta, sin controles técnicos ni trazabilidad”, advirtió la entidad. Además, “debilita a los fabricantes nacionales y consolida la dependencia tecnológica en un momento crítico”.
“Mientras los principales países del mundo redoblan esfuerzos para impulsar su desarrollo industrial, Argentina avanza en sentido contrario, transformándose en un mercado residual de tecnologías descartadas”, subrayaron.
Desde Adimra consideraron fundamental “avanzar hacia políticas activas, coherentes y sostenibles que permitan impulsar y consolidar un entramado productivo nacional moderno, con innovación, empleo calificado y desarrollo tecnológico”.
Si bien se venía trabajando desde hacía unos meses, la decisión del gobierno nacional de poner en marcha la medida no es ajena al salvataje financiero que pidió al FMI para sostener la bicicleta financiera y a la intervención del gobierno de EEUU para destrabar ese oneroso préstamo en dólares.
En el marco de su guerra comercial, que no reconoce ni aliados ni admiradores, la administración de Donald Trump ya se había quejado de que la Argentina y Brasil ponían trabas a la entrada de equipamiento “remanufacturados”.
El impacto no sólo se sentirá entre los fabricantes de maquinaria agrícola sino en las empresas santafesinas que se convirtieron o buscan convertirse en proveedoras de bienes de capital para el sector petrolero o la minería. Las advertencias sobre la laxitud del Rigi, el régimen de amplias facilidades que se otorgó a los inversores en esas actividades, comienzan a materializarse.
El empleo
Un informe del Cepa evaluó los resultados que tendrá esta estrategia en materia de empleo. La incidencia de estos sectores sobre el empleo registrado privado es más bien marginal: 6,8% del total. Por el contrario, la industria manufacturera genera el 18,7% del total de los puestos de trabajo, constituyendo la segunda actividad económica más importante en materia de empleo.
El 44% del total de las plantas productoras de maquinaria agrícola del país se ubica en la provincia, dando empleo directo a más de 10.300 personas. La actividad se desarrolla en 17 de los 19 departamentos de la provincia. Un informe de la Secretaría de Desarrollo Industrial de Santa Fe reveló que en 2024 complejo, un año de ajuste, se registraron inversiones por u$s 1.380 millones en el territorio provincial. Uno de los sectores que más invirtió fue la industria manufacturera.
“La industria santafesina, diversa, tecnológicamente activa y generadora de empleo calificado, ha invertido de manera sostenida en modernización, innovación y formación de recursos humanos. Medidas como esta no sólo desincentivan esa dinámica virtuosa, sino que además erosionan las condiciones de desarrollo de los sectores productivos más comprometidos con el agregado de valor y la producción local”, subrayó Fisfe.
