Por Gustavo Orellano
Las personas que cometan delitos viales en Casilda podrán cumplir su condena participando en controles de alcoholemia u otras actividades desarrolladas por el municipio para generar conciencia con la vista puesta en la prevención de accidentes y a favor de la vida.
El intendente casildense, Juan José Sarasola, y el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Julio De Olazábal, ya suscribieron el convenio respectivo para su puesta en práctica.
Ello significa que los imputados por hechos culposos vinculados a inconductas viales podrán desarrollar, a través del sistema de probation o suspensión del juicio a prueba, trabajos comunitarios no remunerados a favor del Estado local o instituciones de bien público, los cuales serán establecidos por medio de un programa a tal fin.
Se aclaró que trata de una medida sancionatoria, que consiste en el cumplimiento de una regla de conducta.
"Los imputados por siniestros viales reciben condenas que no son de cumplimiento efectivo por la cantidad de tiempo que la ley establece para ese tipo de delitos, por lo que con ese tipo de iniciativa se busca que quienes están sindicados como responsables de haber causado lesiones leves, graves, o gravísimas puedan cumplir con tareas que les sirvan a ellos y a la sociedad en su conjunto", rescató Sarasola.
Controles y charlas. El convenio prevé que puedan intervenir en controles de alcoholemia, participar en charlas o jornadas sobre conducción responsable de vehículos o realizar tareas administrativas y de asistencia técnica vinculadas a la gestión de trámites del área de Tránsito o del Tribunal de Faltas.
De Olazábal resaltó la importancia de lo convenido al sostener que contribuye a "optimizar las respuesta" contra el delito. Y en esa línea resaltó que "la elaboración de estrategias comunes favorecen al esclarecimiento del hecho y después la punición en (beneficio) de toda la población".
Del acto celebrado en el Palacio Municipal también participaron el fiscal regional, Jorge Baclini; la subsecretaria Legal y Técnica del municipio, Patricia Ferraretto, y las fiscales del Ministerio Publico de la Acusación de Casilda, Marianela Luna y Lorena Aronne.
Involucramiento. La fiscal Luna recordó que la iniciativa surge ante la necesidad de colaboración e involucramiento de otros actores "para evidenciar, en la aplicación de una condena, las reglas de conducta".
En tanto Ferraretto ponderó la articulación del "trabajo conjunto" para luego especificar: "A nosotros nos da la posibilidad de ofrecer al ciudadano infractor de la ley penal un escenario a partir del cual resignifique la experiencia que lo ha marcado, restableciendo los vínculos con la sociedad".
"La posibilidad de tener a los imputados en delitos culposos trabajando en el territorio y que podamos estar enseñando o mostrando como el gobierno local se preocupa en evitarlos nos parece una oportunidad única para el infractor y un mensaje claro para la sociedad sobre cómo queremos trabajar en el restablecimiento de los vínculos y para que los familiares de las víctimas tengan la posibilidad de abordar el duelo permanente desde otra perspectiva", concluyó.
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