“Entraron entre tres y cuatro policías y me empezaron a pegar piñas en todo el cuerpo y en la cabeza. Se me abrieron los puntos que tengo en la frente de una lesión previa”. Milton P. no relató esa golpiza como simple denunciante sino cuando lo estaban imputando por el supuesto hallazgo de un arma de guerra en su casa del barrio República de la Sexta. El acta policial refería además que el joven de 26 años había resistido el operativo e intentado coimear a los agentes. Con el correr de los días se descubrió que nada de eso había ocurrido: al arma la habían plantado efectivos que lo golpearon y robaron dinero y objetos electrónicos de sus familiares. Uno de los uniformados que participó de aquel cuestionado procedimiento fue condenado ahora a 3 años de prisión efectiva en un juicio abreviado.
La condena que se dictó la tarde de este martes en el Centro de Justicia Penal tiene la particularidad de que el policía, Bernardino Fernández, de 25 años, ofreció a la víctima y sus familiares afectados una reparación económica de 2 millones y medio de pesos. El acuerdo entre el fiscal Pablo Socca y la defensa del acusado fue avalado por el juez Lisandro Artacho. Es el último de cuatro policías presos por el caso en ser condenado. Otros tres siguen imputados en libertad.
Fernández fue sentenciado además a una inhabilitación por el doble tiempo de la condena y una especial para ejercer cargos públicos por un plazo de diez años. Según el acuerdo, el efectivo tuvo un rol “preponderante” en la trama delictiva. Fue quien simuló encontrar el arma atribuida al muchacho para justificar el arresto y quien se quedó con un parlante recién comprado por un familiar de la víctima hallado en una requisa.
El policía fue condenado por un total de diez delitos: privación abusiva de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal, violación de domicilio, robo agravado por ser cometido por un funcionario publico, privación ilegal de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas coactivas, lesiones leves calificadas, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes y encubrimiento agravado.
Los tramos de un operativo ilegal
El procedimiento fue la mañana del 7 de diciembre de 2024 cuando efectivos de la Brigada Motorizada interceptaron a un motociclista en la esquina de Esmeralda e Ituzaingó, cerca de La Siberia. Lo demoraron porque no llevaba su DNI ni la documentación de la moto, una Yamaha YBR.
Desde allí lo llevaron a la casa de un familiar en Esmeralda al 2000 y la situación empeoró: lo golpearon, registraron el lugar de manera ilegal e hicieron un acta falsa sobre el hallazgo de un revólver Orbea calibre 38 con seis cartuchos para justificar la detención del muchacho. Cuando en realidad, según la pesquisa, encontraron el arma en el techo de un galpón de Pasco al 100 bis. Antes del arresto ilegal los efectivos robaron 70 mil pesos y dos celulares, un teléfono Xiaomi y un Motorola G6. Este último era una pieza clave para encubrir los delitos, ya que el hermano del motociclista lo había usado para filmarlos en uno de los allanamientos.
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Durante la requisa el muchacho se escapó por el balcón del tercer piso. Los uniformados pidieron refuerzos y lo apresaron una hora después en la vivienda de su madre, en Beruti al 1900. Allí ingresaron por la fuerza y lo golpearon otra vez. Se llevaron de esa casa un sistema de sonido a estrenar que incluso tenía su caja contenedora; sustracción que fue atribuída a Fernández. El robo se camufló con el secuestro, sin necesidad, de algunos dispositivos electrónicos para tratamientos de estética.
Una vez que el dueño de la moto quedó detenido, lo llevaron a la comisaría 2ª como parte del operativo trucho. En la seccional de Paraguay al 1100 lo amenazaron y le pegaron. Los imputados querían la contraseña del teléfono con los videos que los incriminaban, pero no la consiguieron.
Milton llegó a ser imputado cuatro días más tarde por portación de arma de guerra, resistencia a la autoridad y cohecho, aunque no quedó preso. Es que los policías, además de falsear las circunstancias del hallazgo del revólver, hicieron consignar de manera falsa que la víctima había ofrecido como coima los dispositivos electrónicos secuestrados.
Brigada Motorizada, bajo la lupa
Luego se descubriría el accionar irregular de alrededor de siete policías de la Brigada Motorizada. Según planteó Socca en el texto del abreviado, se encontraron numerosas evidencias del accionar ilegal, entre ellas conversaciones de WhatsApp de los policías. Como un mensaje en el cual Fernández le dijo a su pareja que habían encontrado “una banda de plata en la casa del caco”.
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Doce días después del hecho fueron detenidos los cuatro policías ya condenados, entre ellos Fernández. Los otros son Lucas Brest, quien acordó 3 años de prisión condicional; Julián Márquez, quien aceptó la misma pena y el pago de 5 millones de pesos de multa, y Matías Nicolás Ovando, con una pena similar.
Seis meses más tarde fueron imputados en libertad otros tres. El por entonces jefe del Comando Radioeléctrico de Álvarez, Nicolás Ezequiel Meyer, quien al momento de los hechos era superior de servicio en la Brigada Motorizada, fue acusado de haber permitido el accionar irregular de sus subordinados y de insertar datos falsos en el acta.
Otro fue Leonardo Félix Vega, acusado de participar de la requisa a la casa de Pasco al 100 bis donde se halló el arma calibre 38 que los policías sustrajeron (y luego plantaron) sin imputar a nadie por la tenencia ilegal del revólver y de dictarle a una empleada cómo debía consignar en el acta una falsa entrevista con un testigo.
Por último Gabriel Gastón Fernández, quien participó del arresto de la víctima en Berutti al 1900, fue imputado de haber vertido declaraciones falsas sobre las circunstancias de la detención al declarar sobre el caso en Fiscalía días después.
