Cuatro agentes de la Brigada Motorizada de la policía de la provincia quedaron presos al ser imputados por una serie de delitos cometidos en un procedimiento plagado de irregularidades. La Fiscalía los acusó de detener a una persona en el barrio República de La Sexta, irrumpir en su domicilio y privarlo de la libertad de forma ilegal, robarle pertenencias, plantarle un arma y falsear actas para legitimar el operativo. La víctima es un joven de 26 años que como consecuencia del proceder ilícito de los agentes estuvo demorado cinco días.
La investigación del fiscal Pablo Socca expone que un procedimiento policial presentado a la Justicia con documentación oficial puede en verdad haber sido falsificado de punta a punta. Acaso una irregularidad policial que no es nueva, pero que no para de ocurrir. En este caso el relato presentado oficialmente por los agentes contaba con varias actas, la mayoría falsificadas, que permitieron la detención e imputación de la víctima. De hecho la versión oficial, antes de quedar bajo la lupa judicial, se comunicó como un operativo "positivo" desde el Ministerio de Justicia y Seguridad como tantos otros procedimientos con características similares.
Los policías de la Brigada Motorizada imputados son el oficial Lucas Brest, de 33 años, y los suboficiales Matías Nicolás Ovando, de 29 años, Julián Oscar Márquez, de 27 años, y Bernardino Fernández, de 25 años. El fiscal Socca les imputó privación abusiva e ilegal de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal y violación de domicilio, robo agravado por ser cometido por funcionario público, portación de arma de fuego de guerra, incumplimiento de deberes de funcionario público, amenazas coactivas y lesiones leves calificadas. La jueza Paula Álvarez confirmó la prisión preventiva por seis meses para los cuatro.
Versión oficial
El relato policial indicó que el sábado 7 de diciembre por la mañana Milton Ezequiel P., de 26 años y con domicilio en el barrio La Sexta, se resistió al accionar policial cuando agentes de la Brigada Motorizada intentaron identificarlo en la zona de Esmeralda e Ituzaingo. El joven iba en su moto y sin papeles, por lo cual se ofreció a ir a la casa de su hermano para exhibir la documentación que acreditara tanto su identidad como la propiedad de la moto.
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En la casa de Esmeralda al 2070, según esta versión, comenzaron los problemas. "En momentos posteriores al ingreso decide tomar un bolso que se encontraba arriba de la mesa y darse a la fuga por los techos, trepando edificios linderos para luego descender y tomar su motocicleta, dirigirse al pasillo de Berutti al 1900, descartar la moto y el bolso, continuar su huida trepando las paredes de una de las fincas y descartar en los techos de la vivienda de Pasco 143 Bis un arma de fuego que portaba ilegalmente en la vía pública".
En ese relato también le reprocharon a Milton Ezequiel P. haber lesionado a uno de los agentes y pretender coimear a los policías con electrodomésticos que tenía en su domicilio. Con toda esa acusación, que luego se supo que era falsa, el 11 de diciembre el fiscal Socca imputó al joven por portación de arma de fuego de guerra, resistencia a la autoridad y cohecho pasivo pero no quedó preso. Luego se comenzaría a desmenuzar el accionar irregular de los cuatro agentes de la Motorizada.
Operativo ilegal
Este jueves Socca imputó a Brest, Ovando, Márquez y Fernández y expuso cuál fue el verdadero procedimiento con un cúmulo de evidencias que bastaron para que la jueza confirmara luego la prisión preventiva por seis meses. Según el fiscal los agentes privaron de la libertad ambulatoria a Milton P. cuando lo interceptaron y lo demoraron "bajo la excusa de verificar su identidad por carecer de DNI en la vía pública y por carecer del documental que acredite la posesión de la motocicleta".
Una vez que los agentes confirmaron que el joven no tenía pedido de captura ni él ni su moto, los agentes lo retuvieron igualmente y le quitaron su teléfono. Luego, según la imputación, lo coaccionaron para ir a la casa de su hermano, donde irrumpieron ilegalmente. Una vez allí los golpearon a ambos, les quitaron 70 mil pesos y también el celular del hermano de Milton con el que habían filmado el allanamiento ilegal.
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En ese momento Milton P. intentó escapar bajando por el balcón desde un tercer piso, según declaró después fue para ponerse a resguardo porque temía que lo golpearan por haberlos filmado. Después los agentes comenzaron a buscarlo por distintos domicilios del barrio y minutos después dieron con él en la casa de su madre, ubicada en Berutti al 1900, donde también ingresaron por la fuerza y sin autorización. Allí volvieron a golpearlo y luego le robaron varios dispositivos electrónicos de estética, 20 mil pesos y un parlante que la madre de la víctima había comprado un día antes.
El raid ilegal de los policías, según la imputación de Socca, continuó cuando plantaron un revolver calibre 38 para hacerlo pasar como propiedad de Milton P., hecho que finalmente derivó en su imputación. La maniobra la realizaron en el techo de una casa de Pasco al 140 bis. Un testigo de ese accionar declaró que escuchó a los agentes hablar al respecto. "Poné que la encontramos en el techo y listo", dijo uno de los agentes y agregó: "Si no le pegamos un tiro y ponemos que se nos escapó".
Falsedades
El fiscal planteó que la mayoría de documentaciones presentadas por los policías luego del procedimiento fueron falseados. Lo hicieron con la autorización de ingreso supuestamente brindada por el hermano de Milton P. a su domicilio de Berutti al 1900. Para Socca el joven fue coaccionado a firmar ese documento y otro correspondiente al ingreso a una vivienda de Esmeralda al 2000. Esta persona también fue coaccionada para firmar una supuesta entrevista que para el fiscal "fue inventada en su contenido por el personal policial".
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Los policías también presentaron un acta de procedimiento falso, un croquis ilustrativo con el que pretendieron pasar por legal el secuestro del arma, el lugar de aprehensión del detenido y del secuestro de la moto. Lo mismo con el acta de levantamiento y secuestro del arma de fuego.
También hicieron participar a una médica policial que constató que el detenido no tenía lesiones leves. Así como también presentaron un informe balístico que confirmó que el arma, supuestamente secuestrada al detenido, era apta para disparar. Por el momento se desconoce cuál es el origen del arma que tenían los agentes y si fue utilizada en algún hecho del que se tenga registro.
