Lucas Brest acordó una pena condicional de 3 años después de haber pasado 6 meses bajo prisión preventiva por múltiples delitos
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
La audiencia sobre el caso del policía se realizó en el Centro de Justicia Penal.
La Justicia provincial dictó este miércoles la primera condena en la causa sobre un grupo de policías denunciados por robo, allanamiento ilegal y otros delitos. La sentencia determina la liberación de uno de los cuatro detenidos a fines del año pasado a raíz de un operativo falso en el barrio República de la Sexta.
Lucas Xavier Brest aceptó una pena de 3 años de prisión condicional. La resolución incluye la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo y una inhabilitación especial de 10 años en lo que respecta a la labor de las fuerzas de seguridad.
El oficial estaba tras las rejas desde mediados de diciembre, cuando el fiscal Pablo Socca pidió la captura de varios efectivos por haberle plantado un arma de fuego a un motociclista en un procedimiento ilícito. Según la teoría de los investigadores, los agentes se robaron dinero y dos teléfonos celulares durante la requisa de diferentes viviendas en inmediaciones de La Siberia.
El policía de 33 años aceptó su responsabilidad penal por la privación abusiva de la libertad de un hombre interceptado en la esquina de Esmeralda e Ituzaingó. La víctima quedó demorada debido a que no llevaba DNI ni la documentación del rodado, pero luego la llevaron a su casa y el escenario empeoró sustancialmente.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) denunció a miembros de la Brigada Motorizada como coautores de violación de domicilio y incumplimiento de deberes de funcionario público durante un operativo que abarcó el ingreso a diferentes viviendas de La Sexta hasta que atraparon al dueño de la Yamaha YBR. Entonces hicieron un acta falsa sobre el hallazgo de un revólver Orbea calibre 38 con seis cartuchos para justificar la detención, pero los propios agentes habían llevado el arma que supuestamente encontraron en un techo de Pasco al 100 bis.
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Antes del arresto ilegal, los efectivos robaron un teléfono Xiaomi y un Motorola G6. Este último celular era una pieza clave para encubrir los delitos, ya que el hermano del motociclista lo había usado para filmarlos en uno de los allanamientos.
Durante la requisa en Esmeralda al 2000, la víctima se escapó por el balcón del tercer piso. Los uniformados pidieron refuerzos y lo apresaron en la vivienda de otro familiar, ubicada sobre Beruti al 1900. Allí ingresaron por la fuerza y lo agredieron físicamente. Además de los dispositivos electrónicos antes mencionados, se llevaron $70.000 y un sistema de sonido a estrenar, que incluso tenía su caja contenedora.
Una vez que el dueño de la moto quedó detenido, lo llevaron a la comisaría 2ª como parte del operativo trucho. Mientras estaba en la seccional de Paraguay al 1100, lo amenazaron y le pegaron. Los imputados querían la contraseña del teléfono que tenía los videos que los incriminaban, pero no la consiguieron.
Matías Ovando, uno de los policías denunciados, se llevó el celular y lo escondió. La unidad especial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe lo encontró el 15 de diciembre, cuando allanaron su casa en Juan de la Cierva al 2600. Más tarde le dictaron prisión preventiva por seis meses junto a Julián Márquez y Bernardino Fernández.
Entre las declaraciones que tomaron los efectivos para justificar el arresto, un testigo comentó que había visto el revólver envuelto con una remera azul. Sin embargo, la prenda nunca fue mencionada en el acta de secuestro del arma de fuego ni coincide con la vestimenta del conductor del rodado. El fiscal concluyó que los agentes se la habían llevado de la casa de calle Beruti como parte de su plan ilegal.
En base a esta evidencia, Socca imputó a los uniformados por falsedad ideológica de instrumento público. También los denunció como autores mediatos de privación ilegal de la libertad y sumó imputaciones por amenazas coactivas y lesiones leves calificadas.
El acuerdo homologado por el juez Rafael Coria establece una pena de cárcel que no es de cumplimiento efectivo y una serie de reglas de conducta. Brest tiene prohibido acercarse a 500 metros de la víctima, así como comunicarse con ella o su grupo familiar por cualquier medio. Tampoco puede contactarse con el resto de los imputados.
Por otro lado, el oficial no debe portar ni tener armas de fuego o de utilería, ni siquiera municiones. Hasta que cumpla la condena tendrá que evitar el consumo de estupefacientes y el abuso de bebidas alcohólicas.
La semana anterior, la causa se actualizó por la captura de otro policía bajo sospecha por el allanamiento ilegal y el robo. Asuntos Internos detuvo al jefe del Comando Radioeléctrico de Álvarez a pedido de la Fiscalía. El subcomisario se convirtió en el quinto detenido desde el inicio de la investigación y fue citado a audiencia imputativa este jueves al mediodía junto junto al resto de los sospechosos.
El municipio envió al Concejo el proyecto para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de los trapitos. Contempla multas de hasta $907.600, tareas comunitarias e intervención policial para retirar a los trapitos de las calles.
Por Lucas Ameriso
Por Ricardo Terán
