Suspenden a una financiera local para operar en el mercado

La agro financiera Guardati Torti quedó nuevamente inhabilitada para operar en el mercado. Así lo dispuso la sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, que revocó una cautelar dictada en julio de 2021 por el juez Ezequiel Zabalé, quien entiende en su concurso preventivo. En su fallo, el Tribunal no hizo mención a las causas penales que pesan sobre la firma, sino que basó su decisión en cuestiones jurídicas relativas a los planteos de las partes en pugna.

Zabalé había dictado la cautelar tras un planteo de la concursada, que básicamente indicaba que necesitaba volver a operar para recuperar giro comercial. Con su decisión, el juez había tumbado una suspensión provisoria dictada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), derivada de la crisis desatada a principios de 2020, cuando anunció su default.

La cautelar fue apelada oportunamente por la CNV y ahora los jueces Oscar Puccinelli, María de los Milagros Lotti y Gerardo Muñoz le dieron la razón al organismo nacional, a través de un escrito que plantea en parte resolutiva "admitir el recurso de apelación, y en consecuencia, revocar la resolución N° 213 del 28.07.21 dictada por el Sr. Juez a quo".

La medida se conoce en el marco de una situación relativamente favorable para la empresa en el marco de su expediente concursal, pues a principios de julio pasado había logrado las mayorías necesarias para convalidar un acuerdo con sus acreedores. La sindicatura avaló el entendimiento y se esperaba en breve su homologación por parte del juez.

Vale recordar que en paralelo a ese trámite se sustancian las causas penales que tienen a los principales directivos de Guardati Torti imputados por estafa y administración fraudulenta, por diversos hechos que tienen una lógica común. En sus denuncias, los ahorristas expusieron que les habían quitado sus fondos de cuentas comitentes (registrados en Guardati Torti SA) para tapar agujeros financieros de GyT Plus SA, dedicada al corretaje y acopio de granos.

La crisis del grupo se precipitó tras la caída de Vicentin, ocurrida a finales de 2019. En la tarde del 6 de febrero de 2020, la agro financiera rosarina había anunciado oficialmente que no podía honrar los pasivos de sus clientes y que necesariamente debía recurrir a una reestructuración de pasivos.

Mientras el concurso preventivo comenzó a tramitarse en el fuero civil y comercial a mediados de 2020, algunos damnificados fueron por la vía penal, convencidos de que no se había tratado de un default ordenado. Ello generó las primeras imputaciones en marzo de 2021, a las que se sumaron luego otras en diciembre y mayo pasado.

En su escrito, los jueces Puccinelli, Lotti y Muñoz no aluden a la cuestión penal, sino que se limitan a tratar las cuestiones técnicas de los planteos en pugna. El Tribunal recuperó las expresiones de la CNV, que básicamente cuestionó la decisión de Zabalé diciendo que contrariaban el régimen legal que regula el mercado de capitales y que había incurrido en un "exceso de funciones". Por su parte, la concursada había planteado que lo dicho por la CNV tenía falencias técnicas, argumento que fue sepultado por el Tribunal.

En particular, Lotti y Muñoz fueron quienes expusieron argumentos más fuertes en contra de la medida de Zabalé. Por un lado, citan que la cautelar "avasalla lo decidido mediante un acto administrativo emanado del órgano competente, recurriendo a un procedimiento concebido por la ley concursal con fines claramente diferentes a los aquí pretendidos". Más abajo dicen que "el principio de conservación de la empresa que alega la recurrida, sin dudas de linaje concursal, no tiene la fuerza que ella le asigna en la presente causa".

Para ambos magistrados, "aun dejando de lado el tema de la competencia, tampoco la petición de la concursada era admisible por falta de varios de los recaudos exigibles para la adopción de una cautelar consistente en la suspensión de los efectos del acto de la CNV".