Los principales responsables de la agrofinanciera Guardati Torti volverán a desfilar por los tribunales la semana próxima, en el marco de una nueva audiencia imputativa que pidió la Fiscalía. Según pudo confirmar La Capital, se ampliarán allí las acusaciones en su contra, a propósito del caso de una persona presuntamente estafada por 17 millones de pesos. Vale destacar que el trámite del fuero penal se sustancia en paralelo al concurso de acreedores de las firmas del grupo, que también está registrando movimientos de última hora.
Para el martes, a las 10 horas, están citados un total de nueve personas: Susana Alessandrini, Alejandro Giacomino, Juan Carlos Guardati, Juan Martín Guardati, Natalia Guardati, Noemí Ponte, Ángel Torti, Laura Torti y Gustavo Rossi. Todos ellos integrantes del directorio de la sociedad bursátil Guardati Torti SA, a excepción del último, que fungía el rol de síndico.
En la oportunidad se ampliarán las imputaciones que ya pesan sobre este grupo de personas, a las que Fiscalía les atribuyó ya haber defraudado a 155 inversores, por montos millonarios en pesos y en dólares. El delito a imputar será nuevamente administración fraudulenta, aunque en esta ocasión la cifra escalará varios niveles, pues se trata de un solo caso por 17 millones de pesos.
Tal como se divulgará en la audiencia, la mecánica por la que se habría cometido la estafa sigue la lógica de los hechos anteriores. Vale recordar que la investigación se había iniciado por una denuncia de ahorristas que expusieron que les habían quitado sus fondos de cuentas comitentes (registrados en Guardati Torti SA) para tapar agujeros financieros de GyT Plus SA, dedicada al corretaje y acopio de granos.
La crisis del grupo se precipitó tras la caída de Vicentin, ocurrida a finales de 2019. En la tarde del 6 de febrero de 2020, la agrofinanciera rosarina había anunciado oficialmente que no podía honrar los pasivos de sus clientes y que necesariamente debía recurrir a una re estructuración de pasivos.
Mientras el concurso preventivo comenzó a tramitarse en el fuero civil y comercial a mediados de 2020, algunos damnificados fueron por la vía penal, convencidos de que no se había tratado de un default ordenado. Ello generó las primeras imputaciones en marzo de 2021, a las que se sumaron luego otras en diciembre. La del próximo martes será la tercera ocasión.
"Se trata de un caso paradigmático. Mi cliente tenía el dinero en una cuenta comitente y sus movimientos solo debían darse por su orden y cuenta. Sin embargo, en un momento dado le birlaron la plata", explicó el abogado de la querella, quien sumó un elemento adicional: en determinado momento, a sabiendas que no tenían la plata, desde la firma le giraron un cheque a 30 días, que jamás pudo cobrar por falta de fondos.
En paralelo a los movimientos en la causa penal, se vendrán probablemente novedades en materia civil y comercial, pues luego de un largo tiempo -y tras un cambio de asesoría letrada- parecen haberse calmado los ánimos entre deudora y acreedores, alejando la posibilidad de una quiebra y arrimando la chance de algunos acuerdos, al menos de carácter preliminar.
