El gobierno de Unidos avanza sin detenimiento en las reformas y choca con otros Poderes. Batallas, riesgos y enfoques
Por Facundo Borrego
“Si en el primer año no te peleaste con nadie, el discurso de reformar el statu quo era gatopardismo”. La práctica respuesta, con un aroma al renombrado pensador político Maquiavelo, suena en el gobierno provincial para explicar el ímpetu demostrado en los primeros nueve meses de gestión de Maximiliano Pullaro como modo de avanzar con reformas de fondo.
Es el propio gobernador el que marca el pulso. Se trata de un estilo que recoge reconocimientos de aquellos entendidos en la estrategia política, incluso algunos en la oposición, aunque también detractores de todo tipo, incluidos aliados que no comparten las formas por más que eviten juzgarlos abiertamente.
Claro que la muñeca está en saber elegir las batallas y, sobre todo, cuándo darlas para no quedar hundido en la nieve rusa. Puertas adentro del gobierno entienden que esa inercia en los asuntos políticos no se mantendrá todo el mandato. Nunca se tienen a disposición los cuatro años para avanzar con reformas de fondo, siempre hay una ventana que se abre durante un lapso y se convencen que deben aprovecharla.
Sobre todo porque es difícil mantener, después de cierto tiempo, la fuerza de la legitimidad de las urnas y hasta también la buena imagen por la sostenida baja de inseguridad, por más que era de antemano el mayor objetivo del gobierno. Por lo pronto, el Ejecutivo lo empuña y hasta el jefe de la Casa Gris se muestra vehemente en la lucha.
"Espero que agarren a muchos chorros", le dijo el gobernador a un grupo de policías cuando entregó nuevas motos en la semana. En tanto, respecto del efectivo baleado en la cabeza en un robo, prometió que "no va a quedar impune".
La baja de la violencia y homicidios fue un trampolín a mediados de año para avanzar con más espalda sobre reformas como la previsional, pero puede tener su sinsabor: así como en un punto la sociedad naturalizó los crímenes, puede ocurrir lo mismo con la disminución de los índices de violencia y que, en algún momento, se deje de reconocer el éxito. De la salvación al deber. En parte dependerá de cómo se trabaje la seguridad subjetiva y la comunicación política.
En esa ventana de tiempo abierta para imponer las condiciones en algún objetivo puntual emerge la disputa por la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe. En el Poder Judicial rechazan los modos y hasta hablan de atropello, no sólo de cómo se llevó adelante la renovación, o la cobertura de algunas vacantes, sino la reforma previsional que castigó, sobre todo, a magistrados y funcionarios del más alto nivel.
Durante la semana empezaron a hacerse los cálculos con la nueva ley previsional y a compartirse en los pasillos de los tribunales santafesinos. Los funcionarios judiciales -también políticos- de mayores ingresos que hacen el aporte solidario de emergencia previsional del 2,77 por ciento dicen haber quedado en negativo en el mes.
Sostienen que no compensan pese al aumento que dio la Nación y que recibirán por la ley enganche. Aquello de que los que más ganan, más aportan, parece que se empieza a cumplir. Por ahora no hay mucha expectativa de que se declare inconstitucional la reforma.
Después de que la ministra María Angélica Gastaldi anunciara su retiro, se aceleraron los trascendidos de que Eduardo Spuler haría lo mismo. Sobre todo la semana pasada, luego de que el juez de la Corte Suprema de la Nación Juan Carlos Maqueda dijera que correspondía retirarse a los 75 años y que eso haría a fin de año, como le solicitó el presidente Javier Milei.
Esa situación entusiasmó a la mesa chica del gobierno, que se ilusionó con un efecto espejo en Santa Fe. Hasta armó una reunión a mitad de semana para analizar los pasos a seguir. No habría, por ahora, movimientos ofensivos, más bien dejan marchar el proceso. Es que manejan una encuesta en la que, supuestamente, la imagen del Poder Judicial cayó en estas semanas de confrontación directa y tras el encuentro con el gobernador, aquel domingo a la mañana.
La Corte Suprema opta por mantener la institucionalidad y mostrarse activa en un tema central que son las obras de infraestructura del Poder Judicial porque de eso depende la discusión presupuestaria. Los ministros del máximo tribunal, a excepción de Daniel Erbetta, quien no estuvo presente, inauguró las instalaciones de los Tribunales de Familia en la capital provincial con difusión de prensa incluido.
De parte del gobierno solo asistió el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni; no estuvo presente el gobernador ni el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni. El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, aclaró que fueron invitados todos. Igualmente le llegó a Pullaro el pedido de mayor presupuesto de parte del cortesano.
“Tenemos el anhelo de poder dar continuidad y finalización al plan proyectado, el cual, a la fecha, se vio interrumpido como consecuencia de la crisis presupuestaria que atraviesa nuestro Estado”, soltó Gutiérrez.
El gobernador no parece especular en cuestiones políticas determinantes. Hacer equilibrio es una posición que, a la larga, termina diluyendo los proyectos. Hay sobrados ejemplos en los últimos años. “Es el punto para medirte si sos inquilino o propietario en la provincia durante el mandato que te dieron”, explica un viejo funcionario.
En una consultora frecuentada por varios espacios políticos explican: “Está dando batallas de castas y privilegios que son beneficiosas en estos tiempos, no solo para la imagen del gobierno sino para el Estado en términos de recursos". Hasta se animan a definir que, "en definitiva, hace progresismo en serio: patea nichos concentrados sin gastar plata”.
Esta semana se profundizó la pelea construida contra lo que el gobernador llama los privilegios y avanzó sobre la administración en la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (Assa).
Los funcionarios acusaron al gremialismo de ambas firmas y hasta retomaron un viejo clásico: el nepotismo y cargos heredados. "Es un sistema de ingreso gerenciado por el sindicato", apuntó en una carta que envió al directorio de la EPE, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
El gremialismo siente la ofensiva. “Se quiere modificar de prepo el convenio colectivo, avasallando, empujando, como vienen haciendo en varios lugares. Dicen ‘o se acomoda como queremos nosotros o como queremos nosotros’”, se defendió Silvio Barrionuevo, secretario general de Obras Sanitarias.
Como se escribió aquí la semana pasada, Pullaro está en busca de un modelo de Estado en Santa Fe y en ese espectro se mueve, acelera y mide. Seguramente el año electoral demande otro tipo de intensidad, más aún si se busca una reforma constitucional. Esta semana se reunirá Unidos por el tema. "El gobernador tiene que juntar dos tercios para habilitar el tratamiento de la constitucional", recuerdan en la alianza.
viernes 9 de octubre de 2026
Por Gustavo Conti
