En pleno intento por renovar la Corte Suprema propone discutir el régimen que ata los salarios provinciales a nivel nacional. Resistencia de magistrados
Por Facundo Borrego
Foto: Archivo / La Capital.
Los integrantes de la Corte provincial junto a Pullaro, durante la inauguración del año judicial 2024.
El gobierno provincial activó una segunda etapa de su plan para exponer al Poder Judicial, y en especial a la Corte Suprema de Santa Fe en plena disputa por la renovación del tribunal, contra lo que entienden que son privilegios. Esta vez decidieron poner en agenda uno de los temas más sensibles para la Justicia provincial que es la ley de enganche, el mecanismo por el cual actualizan sus sueldos, norma que arrastra una larga controversia.
Por ley, desde 1994, la provincia está obligada a aplicar para empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial los aumentos que a nivel nacional reciben sus pares (automaticidad de la porcentualidad) y que solicita la Corte Suprema al Ejecutivo. De esa manera, no forma parte de la realidad de la paritaria estatal santafesina. Además, la norma equipara remuneraciones en los cargos más altos y para el resto de los agentes una escala porcentual, en relación a la Justicia nacional.
Se trata de un tema de años que siempre dio vueltas como cuestionamiento en la política, pero que nunca terminó de discutirse a fondo. El gobierno de Maximiliano Pullaro quiere ponerle el cascabel al gato al entender que encaja en su estrategia ofensiva contra el Poder Judicial, más puntualmente contra la Corte Suprema, a la que pretende renovar. Por eso busca reinstalar el debate en la opinión pública.
En los últimos días desplegó el paño y sumó el régimen salarial a otros aspectos que entiende que constituyen privilegios como las jubilaciones y el no aporte a Iapos de parte de jueces, entre otros. Los ministros de la Corte rechazan esa visión y resisten los embates una vez más.
Durante el gobierno de Jorge Obeid, en 2005 se intentó avanzar en ese sentido y el entonces y actual presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, advirtió que derogar la norma podría afectar la independencia del Poder Judicial.
“¿Por qué nos vamos a desenganchar? Nosotros con ese tema, con la ley de enganche, hace más de 25 años estamos y no tenemos una huelga en el Poder Judicial. ¿Por qué nos vamos a desenganchar? Además, es histórico... Viene desde hace 30 ó 40 años”, dijo días atrás.
Incluso, una semana atrás, luego de salir de la reunión con el gobernador y parte de su gabinete, Gutiérrez rechazó que el Poder Judicial tenga beneficios exclusivos. “¿Cuáles son los privilegios? Dígame uno. Trabajan y cobran un buen salario por lo que trabajan. Y aportan proporcional a lo que trabajan”, sostuvo.
>>Leer más: Tire y afloje total entre Pullaro y la Corte Suprema
El gobierno considera que el sueldo de los magistrados y empleados del Poder Judicial no debe quedar atado a una decisión ajena a la administración provincial. El fundamento es que los jueces y funcionarios viven en la provincia, en este contexto y que los salarios se pagan con recursos de los santafesinos, pero terminan definiéndose en otra esfera externa.
El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, sostuvo a La Capital que deberían “revisarse esas cuestiones” porque, entienden, es momento de “transparentar el debate público” sobre el tema. Se apoyan en que la Justicia tiene una imagen positiva muy baja y, por lo tanto, confían en contar con apoyo social para avanzar en ese sentido. Por ahora no impulsan un proyecto, aunque trascendió que el tema encuentra alguna adhesión en la oposición.
La instalación del tema es parte de la ofensiva para renovar los ministros de la Corte Suprema. No presume ser una batalla sencilla de abordar porque, si se llega a avanzar en la Legislatura, derivarían en una segura judicialización con recursos de inconstitucionalidad, probablemente de efecto suspensivo, que estirarían los tiempos. Esa es otra película. Por lo pronto se pone el tema en la mesa.
Por Elbio Evangeliste
Por Juan Iturrez
Por Ariel Etcheverry
