La fiscalía investiga si el terreno en el country Vida fue adquirido con dinero de origen ilícito y puesto a nombre de la esposa del exjuez para encubrir una maniobra de extorsión.
El exjuez Marcelo Bailaque cumple prisión domiciliaria.
Una nueva instancia atraviesa la causa contra el exjuez federal Marcelo Bailaque, quien permanece con prisión domiciliaria. En este caso los fiscales federales pusieron la lupa en un terreno que a su entender fue adquirido con dinero proveniente de un ilícito y puesto a nombre de la esposa del exmagistrado, la funcionaria judicial de la provincia Graciela Martínez Maulión, quien también quedó imputada en el marco de la investigación por corrupción, lavado, dádivas y extorsión.
La mujer quedó bajo la lupa a partir de la ampliación de las declaraciones de los arrepentidos Carlos Vaudagna, quien fuera titular de la Afip en la provincia, y el financista Fernando Whpei, coimputados con Bailaque en esa trama. El terreno en cuestión, ubicado en el country Vida de Funes, pertenecía a la constructora Edeca y fue adquirido por Bailaque justo en momentos en que había una denuncia contra esa empresa en su juzgado, un trámite que con el tiempo terminó prescribiendo sin que la causa se moviera.
La imputación a Martínez Maulión surge de las declaraciones de Vaudagna y Whpei como arrepentidos en la causa. La fiscalía sospecha que Bailaque y Vaudagna “extorsionaban a la firma EDECA” y que el terreno habría sido “el pago por ese delito”, según trascendió a la prensa por fuentes vinculadas al expediente.
Según la investigación preliminar la maniobra era la siguiente: la Afip, conducida por Vaudagna, hacía una presentación ante el Juzgado federal de Bailaque, que abría la causa y ordenaba medidas. Sin embargo, con el tiempo la causa se diluía hasta que prescribió. A esta altura los investigadores sospechan que, ante la repetición de hechos similares, hubo un aprovechamiento y abuso de poder del entonces juez para usar estructuras del Estado como la Afip y la Justicia federal para cometer extorsiones y enriquecerse.
En ese marco el fiscal federal Jorge Argibay le atribuyó a Bailaque y a Martínez Maulión “haber puesto en circulación el 24 de agosto de 2020 fondos de procedencia ilícita mediante la celebración de un contrato oneroso de cesión de los derechos y acciones que tenía Edeca SA sobre la unidad funcional 190, polígonos 00-190 y 00-1190 del complejo urbanístico denominado «Vida Barrio Cerrado», al que se ingresa por avenida Arturo Illia y calle Las Golondrinas de Funes por el valor de 70.000 dólares y sensiblemente inferior al precio real”.
En 2020 Edeca cursaba dos años de una investigación judicial por subfacturación de IVA. Un gerente de la firma le vendió al juez un terreno en ese barrio de Funes en 35 mil dólares. La información llegó a la la fiscalía a partir de una declaración de Whpei.
Ni bien terminó de exponer el fiscal Argibay pidió declarar Bailaque, quien fue juez hasta que el pasado 1º de julio el gobierno de Javier Milei le aceptó la renuncia justo cuando el Consejo de la Magistratura lo había puesto en el umbral de un juicio político.
Bailaque desmintió en forma rotunda que hubiera adquirido el lote con fondos ilícitos, tal como le achacaron los fiscales. Afirmó que por esos días estaba interesado en buscar terrenos en esa zona y que luego de comentárselo a Fernando Whpei éste le dijo conocía a alguien que se los podía vender. Además el exjuez aseguró desconocer que por esos días había una causa penal contra Edeca en su juzgado.
En ese marco el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues da Cruz admitió el pedido de imputación por parte de la fiscalía y ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Martínez Maulión así como de los tres hijos de Bailaque, quienes también son empleados judiciales.
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