La orden corresponde a la causa Vialidad. La Cámara de Casación busca obtener $684.990.350.139,86 con activos de Florencia y Máximo Kirchner y de Lázaro Báez
La residencia de Cristina Kirchner en El Calafate que la Justicia busca decomisar
Un fallo de la Cámara de Casación Penal ordenó el decomiso de una serie de bienes de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad. Además de la condena de prisión domiciliaria, la Justicia busca cubrir el perjuicio económico por fraude al Estado.
El fallo impacta sobre el patrimonio de la expresidenta, pero también incluye propiedades de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y del empresario Lázaro Báez, estas últimas vinculadas con las constructoras Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL.
Casación busca alcanzar la cifra de $ 684.990.350.139,86 con el decomiso de los bienes. Dicha cifra fue actualizada con el paso del tiempo; en un inicio, el monto era de 84.000.000 de pesos.
Según aseguró la Justicia, la medida forma parte del proceso para recuperar el dinero desviado en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. Los bienes se ubican en dicha provincia. Queda excluido el departamento del barrio porteño de Constitución, ubicado en San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena. También quedó afuera la propiedad de la Recoleta, donde sufrió un atentado a punta de pistola en 2022.
En particular, las lista de activos de Fernández de Kichner que serán decomisados incluye las siguientes propiedades de gran extensión en la provincia de Santa Cruz:
En un fallo histórico, la Sala IV de Casación Federal confirmó el decomiso en la causa Vialidad y ordenó ejecutar los bienes de Cristina, sus hijos Máximo y Florencia y el empresario Lázaro Báez.
La medida representa un paso clave en la etapa de ejecución de la sentencia, orientada a garantizar el recupero de los fondos públicos involucrados en uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos años.
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Por mayoría, el tribunal ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó un criterio clave: que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.
La decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que había dispuesto el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.
El fiscal ante la Casación, Mario Villar, había opinado que todas las personas que tengan alguna reivindicación deberían acudir a un proceso civil o administrativo, sin que se postergue el decomiso que incluye la sentencia del tribunal.
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