Reforma en seguridad: tirar, tensionar y recoger

Fue una semana intensa desde que se puso en agenda el proyecto de reforma de seguridad. El gobernador Maximiliano Pullaro juega fuerte en ese tema, no solo para obtener mejores resultados sino para trazar lo que le queda de mandato y apuntalar el proyecto de reelección de Unidos.

El gobierno sostiene el caballito de batalla de haber bajado los índices de inseguridad y lo estira sin darlo por resuelto. Para eso, apuesta al proyecto “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, una segunda etapa de reformas de una gestión decidida a endurecer su perfil y tensionar por ello si hace falta.

De movida generó polémica, y hasta despertó acusaciones sobre vulneraciones de garantías y derechos. Intentó soslayarlo el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, quien ya de por sí tiene un perfil duro que dificulta explicar que el proyecto no se excede.

Seguridad focalizada

"En algunos casos, tal vez nos acercamos a los límites consensuados socialmente, pero ninguna cláusula constitucional es lesionada", sostuvo sin abrir ampliamente el debate. Éste empieza a darse, de a poco, dentro de Unidos.

Los socialistas son algunos de los que están encima para mejorar la letra y tratar de justificar algunas cuestiones que no digieren fácil. Hay otras voces que están de acuerdo con el paquete que reconocen una falta de mayor especificidad en la redacción y se proponen ir en ese sentido.

“Falta especificidad en las causas objetivas, es decir, en qué caso se haría la intervención, cuáles son los límites y la casuística para una medida muy excepcional”, ejemplifica una fuente embebida en el proyecto y con poder de lapicera, que parece que utilizará.

Se refiere a la intervención territorial focalizada, el único punto que podrían considerar al fleje “si es que se lo piensa en función de la realidad de ahora”, dicen. Algunas voces en contra lo califican hasta un mini Estado de sitio.

Sin embargo en Unidos aclaran: “Si eso lo pensás en función de la realidad de Rosario cuando asumió esta gestión en 2023, que estaba todo podrido, no es descabellado”. Y recuerdan que había doce manzanas de la ciudad donde se producían el 85% de los homicidios.

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La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, fue una de las que defendió la reforma en seguridad.

Las famosas zonas calientes que echaban humo. “Es fuerte, sí, pero es una medida que tiene que ser muy restrictiva para un contexto donde la cosa esté muy picante”, agregan. Lo cierto es que ese contexto hoy no está. El gobierno, entonces, argumenta que puede ocurrir en algún momento si se descuida y, para eso, requiere las herramientas.

El peligro de los polígonos es que no hay poder de Estado de excepción provincial. La Legislatura, sostiene un especialista en materia jurídica de Santa Fe, nunca puede restringir libertades públicas. Eso es materia del Congreso.

Una fuente judicial de larga experiencia se hizo una pregunta retórica sobre el tema: “¿Poderes extraordinarios cuando bajaste de 11 a 5 el índice de homicidios?”.

Ahora bien, el oficialismo también puede reclamar un voto de confianza luego de haber tenido éxito con el primer paquete de leyes. Como se escribió en esta columna, Pullaro podrá argumentar que le pidieron orden y paz, lo viene logrando y esta es su manera de profundizarlo.

La letra

La nueva reforma integral mediante la modificación de normativas penales y penitenciarias es una apuesta jurídica fuerte. Así y todo no hay operadores judiciales que estén de acá para allá compartiendo información, cruzando criterios y opiniones. Es un proyecto de ley 100 % salido de la cocina pullarista.

Los pocos contactos informales de operadores de Unidos con algunos jueces y fiscales arrojaron que el paquete tiene herramientas investigativas y de persecución "interesantes, pero que deben equilibrarse”. En otros espacios del mundo judicial empieza a haber revuelo y empezarían movimientos para abordar la cuestión.

Un tercera esfera académica judicial también opina, como asociaciones o el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) que, desde su búsqueda de hace más de 35 años de "un sistema penal menos violento y más respetuoso de la dignidad humana", sostuvo que "al menos la mitad de los artículos no superarán un mínimo control de constitucionalidad".

La defensa

En un primer momento, Cococcioni se puso al frente de la defensa. Dijo que no es hora de ablandarse, y lo mismo sumó el propio Pullaro. Luego fue turno de la vocera Virginia Coudannes, quien optó por tratar de convencer mediante una curiosa comunicación performática.

“Omar Perotti, 180 homicidios tenías en un cuatrimestre y ahora hay 54”, dijo mirando a la cámara. En ese dato no hay discusión, en el contraste se agota la discusión. Justamente su rol fue destacar la comparación de los índices actuales con los del gobierno anterior. Sin embargo, el debate público no termina de darse y la explicación de los puntos polémicos tampoco.

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Coudannes apeló en la conferencia a dar la batalla política-electoral, como desde hace dos semanas con el tema seguridad. “El gobernador puso lo que tenía que poner para lograr una sociedad de paz y orden, un slogan que al peronismo y al kirchnerismo les encantó y lo pusieron por todos lados”, señaló. De nuevo cobró Perotti con aquel fallido resultado del slogan que lo perseguirá para siempre.

Pero el peronismo no pisa el palito y su oposición al proyecto no aparece. Coudannes definió las nuevas iniciativas como un instrumento para darle continuidad al paquete normativo de 2024 y que “tiene algunas medidas que dan una vuelta de rosca más”. Pareció un fallido.

Lo cierto es que el gobierno parece leer el clima de época, donde entiende que la seguridad no se negocia para la ciudadanía. “No vamos retroceder contra la delincuencia o sus banderas (con amenazas). No nos importa; nos importa el derecho de las víctimas y la ciudadanía de Rosario y Santa Fe, que quiere vivir en paz. La gente está podrida de esperar”, dijo Coudannes.

El diputado radical Martín Rosúa, quien empieza a centralizar la explicación jurídica del proyecto, fundamentó en que "hay un cambio de paradigma con la persecución penal y leyes de seguridad".

"En la década del 90 había leyes que frenaban al Estado para que no cometa excesos en la persecución. Hoy el Estado necesita garantizar derechos individuales y las herramientas son insuficientes, porque el delito creció y se sofisticó”.

La decisión de hacer cambios profundos está y la clave para el gobierno será no aprobar algo lavado. Quizás se haya tirado algo más lejos la cuerda para luego recoger algo seguro.