Reforma constitucional: los jueces proponen cambios en el régimen disciplinario

Los convencionales abocados a la reforma constitucional recibieron este lunes un documento con diez modificaciones propuestas por jueces santafesinos. Entre otras cuestiones, el camarista Iván Kvasina destacó la necesidad de evitar el "predominio del estamento político" en procesos disciplinarios, una consigna que abarca la situación de fiscales y defensores.

El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe Zona Sur afirmó que la actualización de la Carta Magna requiere una "serie de modificaciones en clave de modernizar las estructuras" ligadas al servicio de justicia para "adaptarlas a las exigencias que impone el siglo XXI". Como presupuesto esencial de los cambios se refirió a la independencia y la "preservación del equilibrio de poderes" del Estado.

Si bien el proyecto de la entidad se refiere a diferentes temas, la normativa referida a las sanciones a jueces, fiscales y defensores se destacan en la agenda. "Proponemos que todo el régimen disciplinario, no sólo de magistrados, se constituya con rango constitucional y una integración equilibrada", señaló el funcionario este jueves a través de LT8.

La reforma constitucional de Santa Fe y la Justicia

Kvasina planteó que las reformas propuestas para Santa Fe apuntan a que no se repitan los "errores en el orden nacional" del Consejo de la Magistratura. Al respecto, recordó que esa regulación "ya generó dos declaraciones de inconstitucionalidad" por parte de la Corte Suprema argentina.

Por otro lado, el magistrado consideró atendible la iniciativa del Partido Socialista (PS) en cuanto al límite de 20 años de duración de los ministros del máximo tribunal provincial. "Es una opinión más. No diría que es irrazonable o absurda, se ha dado en países como Uruguay y en otras provincias. Es una solución posible", manifestó. A continuación consideró que "sería aplicable en muy pocos casos" debido a la edad con la que suelen ingresar los nuevos miembros.

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A nivel general, el camarista civil y comercial subrayó la importancia de "concretizar aquello que está previsto en abstracto" en la Constitución para defender derechos y garantías mediante la próxima reforma. En sintonía con ese objetivo, comentó: "Es necesario tener un Poder Judicial independiente, idóneo y eficaz".

Fuera del debate sobre la reforma, Kvasina confirmó que el reclamo por las vacantes en la Justicia sigue pendiente de resolución. "Esa situación no se modificó absolutamente en nada. Se sigue jubilando gente y, con la entrada en funciones de la convención, la Legislatura prácticamente no tiene actividad", explicó. De esta manera concluyó que no habrá "ninguna novedad" hasta fines de septiembre.

Propuesta del Colegio de Magistrados de Santa Fe Zona Sur

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe Zona Sur envió el último viernes un proyecto con diez artículos ligados a diferentes cambios en la Constitución provincial. En primer lugar se sugiere una limitación del artículo 72 prevenir dilaciones en designaciones fuera del Poder Ejecutivo. La propuesta consiste en fijar un plazo de cuatro meses desde que se envió la propuesta para cubrir un cargo. Después de ese tiempo, se considerará que fueron nombrados incluso si no se realizó el acto administrativo correspondiente.

Por otro lado, el documento contempla la mención explícita de la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia con siete integrantes y un procurador general. Las renovaciones deben tender hacia la paridad de género y la diversidad regional en la representación. Después de los 75 años de edad, cualquier ministro podrá continuar en funciones por un nuevo período de hasta cinco años, siempre que manifieste su voluntad de continuar con su labor y la Legislatura otorgue el acuerdo respectivo. En ese caso, el Poder Ejecutivo estará obligado a remitir el pliego correspondiente.

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La propuesta del colegio incluye darle rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP). En este caso se plantea su autonomía funcional, así como la autarquía financiera y presupuestaria. Como alternativa aparece la redacción de un nuevo capítulo para incluir a ambos organismos dentro de un "Ministerio Público Penal" ajeno a los tres poderes del Estado.

Por último, los jueces y funcionarios santafesinos impulsan la incorporación un artículo que limita los decretos de necesidad y urgencia por parte del gobierno de Santa Fe. La iniciativa consiste en permitir esta acción sólo cuando sea imposible el trámite ordinario de la sanción de leyes y no se trate de normas que contradigan las garantías contenidas en la Carta Magna. En tal caso, se fija un plazo máximo de cinco días corridos desde la fecha de su dictado, el decreto y sus fundamentos deben ser analizados por la Legislatura en sesiones extraordinarias. Si no se ratifica, el decreto quedará automáticamente derogado.