La oposición en el Congreso le avisa a Javier Milei que rechazará el decreto por el que pretende reformar de manera integral la ley de inteligencia
Foto: Archivo / La Capital.
Así votaron los diputados santafesinos la ley de glaciares.
La oposición, con Provincias Unidas (PU) a la cabeza, salió con los tapones de punta contra el decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional que introduce cambios profundos en la ley de inteligencia nacional, con una mayor centralización en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).
Ni bien este domingo se filtró el texto que reforma de manera integral la ley de Inteligencia, la oposición salió a cuestionar las formas. “No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso”, comienza en un comunicado de Provincias Unidas, el nuevo bloque comandado por gobernadores, como el santafesino Maximiliano Pullaro, y que suma a la Coalición Cívica (CC) y Encuentro Federal.
Un punto que señalan como clave es que la modificación se realiza cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.
“El decreto introduce modificaciones de enorme impacto. Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener “carácter encubierto”, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario”.
Además sostienen que extiende la lógica de la contrainteligencia a todo el sector público nacional, “una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles”.
También se enfocan en el punto polémico que habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia. “Es una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”.
Por último, exigen que el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la ley 26.122, y que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta en el Parlamento “a la vista de la sociedad”.
Vale recordar que el para que un DNU sea rechazado definitivamente, ambas Cámaras (Diputados y Senado) deben votar por su rechazo.
Mientras al menos una de las Cámaras no lo rechace (o si una lo aprueba), el DNU sigue vigente y tiene fuerza de ley.
La presidenta del bloque, la exvicegobernadora Gisela Scaglia, sostuvo: "En Provincias Unidas defendemos una regla básica: sin control del Congreso no hay democracia plena. Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse por DNU".
El peronismo también anuncia resistencia en el Congreso. El diputado nacional de Fuerza Patria (FP) y exinterventor de la Agencia Federal de Inteligencia Agustín Rossi sostuvo que “nada bueno para la ciudadanía ni para el sistema de inteligencia argentino”.
“Por supuesto que lo vamos a rechazar en el Congreso y vamos a convocar a la sociedad para que nos acompañe”, y agregó: “Este DNU fortalece la idea de una Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina”.
El municipio envió al Concejo el proyecto para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de los trapitos. Contempla multas de hasta $907.600, tareas comunitarias e intervención policial para retirar a los trapitos de las calles.
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