Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas

Casi un mes después del cambio de autoridades coordinado con los ministerios de Seguridad y Defensa, este viernes se anunciaron importantes reformas en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side). Una de las más cuestionadas por opositores y especialistas es la modificación para permitir que los agentes detengan a personas en determinadas circunstancias.

El decreto de necesidad y urgencia 941/2025 retoma el proyecto de modernización que se lanzó en julio de 2024, cuando se crearon nuevos organismos desconcentrados. Entre otras cuestiones, el plan apunta a mejorar las herramientas para frenar el desarrollo de la criminalidad organizada, incluyendo el narcotráfico, la venta ilegal de armas y cualquier amenaza al orden constitucional o a los poderes públicos.

La Side se hará cargo de reasignar personal de distintas áreas que dependían de la Presidencia y el Ministerio de Defensa. Asimismo, la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO) asumirá las obligaciones que tenía una oficina similar en esta última cartera.

¿Cuándo podrá la Side detener a una persona?

El decreto publicado este viernes añade el artículo 10 nonies a la ley nacional 25.520 y define que los agentes de la Side podrán proceder a la aprehensión de personas, pero deberán dar "aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes". Esta medida se habilita ante la comisión de delitos en flagrancia, aunque también se permite como parte de las actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial.

Por otro lado, la normativa establece que los órganos del Sistema Inteligencia Nacional (SIN) contarán con su propia seguridad y protección de instalaciones. Esto implica que quedan facultados para repeler o hacer cesar agresiones que los pongan en riesgo o interfieran con sus operaciones.

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El nuevo esquema diseñado por el gobierno incluye la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa. Esta tarea quedará en manos del personal especializado en la misma labor dentro del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Según indicaron fuentes oficiales, este cambio apunta a resolver una superposición de funciones y ajustar "una estructura sobredimensionada que dificulta la producción" de inteligencia de forma eficiente y adecuada.

El decreto también se refiere a la importancia de adoptar medidas pasivas para "evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales". Así se definió la necesidad de rebautizar la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que seguirá trabajando como Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC). En términos similares, la División de Asuntos Internos (DAI) pasará a llamarse Inspectoría General de Inteligencia (IGI), dedicada específicamente a las auditorías, revisiones y el control del desempeño de los órganos que conforman la Side.

Un decreto que "ronda la inconstitucionalidad"

Horas después de la publicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU), el abogado constitucionalista Benito Aphalo advirtió que la reforma "ronda la inconstitucionalidad por la afectación a la libertad" de las personas. "Ahora va a haber gente armada, investigando y deteniendo sin control judicial", advirtió a través de LT8.

El docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) consideró que la reforma de la ley de inteligencia nacional puede llegar a quedar invalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, reconoció que el máximo tribunal aún debe expedirse sobre las modificaciones que el presidente Javier Milei introdujo por la misma vía cuando aplicó las Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina: "Creo que ahora tiene que sacar un conejo de la galera y puede pasar por acá".

"Las libertades están un poco tiroteadas en el mundo y parece que nuestro país quiere copiar esos malos ejemplos", comentó el constitucionalista en cuanto a los últimos anuncios. Así no sólo señaló que este tipo de cambios deben ser aprobados por el Congreso, también advirtió sobre la reglamentación concreta: "Esto es directamente un hago lo que quiero y la formalidad la pongo en el decreto".