La polémica por la visita de diputados libertarios a represores de la última dictadura, presos en el penal de Ezeiza, se reavivó esta semana cuando la legisladora Lourdes Arrieta reveló que existen proyectos para lograr beneficios a los procesados. Mientras tanto, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publicó estadísticas sobre las modalidades de arresto a los acusados por delitos de lesa humanidad. De un total de 636 detenidos, 508 están en sus casas y 128 en distintas cárceles federales.
Uno de los centros penitenciarios en los que están alojados los represores es la cárcel de Ezeiza, donde el 11 de julio pasado fueron visitados por seis diputados de La Libertad Avanza. Entre los condenados que recibieron a los legisladores estuvieron Mario "El Cura" Marcote, miembro del Servicio de Informaciones que funcionaba en el Centro Clandestino de Detención en la ex Jefatura de Rosario y Alfredo Astiz, denominado "El ángel de la muerte".
La visita generó polémica en todo el arco político, con cuestionamientos de distintos bloques legislativos. Se presentaron cuatro proyectos de resolución para repudiar la visita. También provocó internas en el partido libertario, alcanzando la renuncia de Arrieta al bloque para crear su propio espacio.
Presos por lesa humanidad
En ese marco la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó las estadísticas sobre las condiciones de detención de los procesados y ya condenados por delitos de lesa humanidad. El informe se elaboró con información proporcionada por las fiscalías federales y unidades de investigación especializadas que trabajan en distintas jurisdicciones del país.
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Así se conoció que hay 636 personas detenidas por causas de lesa humanidad, de las cuales 504 ya fueron condenados, 127 están procesados y 5 aguardan una resolución sobre sus situaciones procesales luego de haber sido indagados. Otro dato de interés que se desprende del informe es que de los 636 detenidos, 508 tienen arresto domiciliario y 128 están presos en cárceles comunes. Desde el año 2006 se investigaron a 3746 personas, de las cuales 1187 fueron condenados.
La mayoría de represores que están detenidos en sus casas ya fueron juzgados: son 389 de 504 con condena. De los 127 procesados, 115 tienen arresto domiciliario. Mientras que solo uno de los indagados espera resolución con prisión preventiva efectiva. La procuraduría aclaró que, en este contexto, 2 personas que fueron condenadas se encuentran en libertad en los procesos en los que se les impuso pena de prisión, pero continúan detenidas por estar procesadas con prisión preventiva en otras causas.
Rangos etarios
La Procuraduría estableció distintos niveles etarios para clasificar a las personas investigadas por crímenes de lesa humanidad y analizar su modalidad de arresto y su situación procesal. En el rango de menor edad se ubican los que tienen hasta 69 años: son 25, de las cuales 12 están en prisión domiciliaria y 13 en instituciones penitenciarias. De ellos, 10 están procesados, 14 condenados y 1 indagado.
De 70 a 75 años hay 216 detenidos: 151 en sus domicilios y 65 en cárceles, de los cuales 51 están procesados, 164 condenados y 1 indagado. De 76 a 80 años hay 184 privados de la libertad: 154 con domiciliaria y 30 con prisión efectiva, de los cuales 19 están procesados y 92 condenados.
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Los que integran un rango etario mayor son menos. Hay 111 detenidos que tienen desde 81 a 85 años; 96 en sus casas y 15 en cárceles, de los cuales 19 están procesados y 92 fueron condenados. De 86 a 90 años hay 69 presos: 65 con domiciliaria y 4 en penales, de los cuales 5 están procesados y 64 con condena. Por último, hay 31 represores mayores de 91 años: 30 en sus casas y una preso y condenado.
