Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan

Después de la ratificación en el Congreso, este martes se promulgó la ley de financiamiento universitario y lo mismo ocurrió con la declaración de emergencia sanitaria en salud pediátrica. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó atada a la aprobación del presupuesto 2026 para establecer de dónde saldrá el dinero que requieren.

Los decretos firmados por el presidente Javier Milei repiten el argumento con el que se postergó la implementación del proyecto para mejorar la atención a personas con discapacidad. Las autoridades del Poder Ejecutivo nacional señalaron que los legisladores sólo definieron el origen de los fondos necesarios "de manera genérica" y se limitaron a "habilitar una readecuación de partidas".

La última publicación en el Boletín Oficial indica que la recomposición para sostener al Hospital Garrahan, las residencias en salud y las universidades públicas debe articularse a través del presupuesto 2026. "Dicha discusión parlamentaria es el escenario óptimo para que se debata la forma en la que se financiarán los gastos que se establecen", indicaron el jefe del Estado argentino y sus ministros.

Paro por la ley de financiamiento universitario

La promulgación de la ley de financiamiento del nivel superior del sistema educativo y recomposición del salario docente coincide con el inicio de un paro universitario de 48 horas en Rosario. La medida de fuerza forma parte de un plan de lucha lanzado en todo el país para reclamar el aumento de los sueldos y mejores condiciones laborales en las facultades.

Mientras tanto, el decreto 759/2025 advierte que la normativa quedará suspendida hasta que se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Además, el gobierno advirtió que la ejecución total tiene un costo aproximado de un billón sesenta y nueve mil millones de pesos en relación en el ejercicio actual.

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La decisión de Milei quedó plasmada en un documento que lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La aplicación de la normativa se postergó en base a la ley 24.629 de normas complementarias para la ejecución del presupuesto de la administración nacional. El artículo 5 indica que toda ley que autorice o disponga gastos, deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. De lo contrario, no se implementará.

El gobierno justificó la postergación por la necesidad de garantizar "la coherencia del proceso presupuestario y la adecuada planificación de las finanzas públicas". Al respecto, sus representantes reiteraron: "Cuando no existen los recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es el deterioro del sistema que se dice proteger, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los mismos sectores que se proclama amparar".

¿Qué pasó con la ley del Hospital Garrahan?

El análisis de la ley de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud coincide en cada punto con la de las universidades. Desde el punto de vista financiero, el decreto 760/2025 señala que el costo fiscal de la readecuación superaría los 196 mil millones de pesos.

El documento firmado por el ministro de Salud, Mario Lugones, insiste en la necesidad de definir de manera precisa el origen de los fondos adicionales pra aplicar la normativa. "Un mayor gasto sin respaldo real debe financiarse con emisión monetaria sin un anclaje de sostenibilidad, lo que se traslada en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios", remarcaron las autoridades nacionales.

De acuerdo al cálculo del gobierno, la ley para sostener los servicios del Garrahan y otras prestaciones acentuaría el desbalance en la cartera sanitaria. Según fuentes oficiales, el déficit actual es de más de 102 millones de pesos.

El segundo decreto publicado este martes refiere que la declaración de emergencia sanitaria en salud pediátrica representa un riesgo de desfinanciamiento de programas vigentes y puede perjudicar la asistencia en emergencias. A modo de ejemplo, en los considerandos señalan que la reasignación propuesta equivaldría al 30 % de los subsidios para la entrega de mediacamentos o elementos a personas en situación de vulnerabilidad que no tienen obra social. De esta manera, el Poder Ejecutivo volvió a tirarle la pelota al Congreso para definir cómo se incrementarán los fondos.