En el final de los alegatos por el caso Ciccone, la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Laura Alonso, pidió ayer una pena cinco años y seis meses de prisión para el ex vicepresidente Amado Boudou. También solicitó que pague una multa de 90 mil pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa del otrora funcionario intentó sin éxito la nulidad de la acusación.
Para José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou, la OA pidió cinco años de prisión; para el empresario Alejandro Vandenbroele un año y seis meses, para su par Nicolás Ciccone tres años y ocho meses, para el ex funcionario de la Afip Rafael Resnick Brenner tres años y para el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri dos años y cuatro meses.
Para todos, excepto Vandenbroele, la OA requirió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y que Boudou, Núñez Carmona y Ciccone paguen una multa de 90 mil pesos. Vandenbroele deberá abonar una de 30 mil pesos.
Los pedidos de condena fueron por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho (coimas).
Se trata del comienzo de alegatos de la mano del abogado de la OA Matías Rey, en el que indicó que Boudou fue la "otra cara de la moneda" de un cohecho.
También señaló que Boudou, "con mucho poder, disciplinó a un montón de reparticiones públicas en pos de un negocio privado", en referencia a las intervenciones que tuvieron la Casa de Moneda, la Afip y el propio Ministerio de Economía.
"Vamos a pedir al tribunal que imponga los límites del Código Penal", dijo el abogado de la OA, que indicó que Boudou y Núñez Carmona fueron quienes contactaron a Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone (el entonces dueño de la empresa), a través de una tercera persona.
La referencia era para Vandenbroele, titular de The Old Fund, quien apareció formalmente en el proceso de compra de la ex Ciccone. Según la OA, ese fue el punto de partida en el que se suscitaron varias reuniones en el canal Telefé, en un hotel y en el restaurante I Fresh Market (Puerto Madero) entre el entonces funcionario y los dueños de Ciccone.
El ex vice fue citado a una nueva indagatoria
El juez federal Ariel Lijo citó ayer a una nueva indagatoria al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa en la que lo investigan por la presentación de facturas truchas en la rendición de viáticos cuando era ministro de Economía. El magistrado convocó a Boudou para el 14 de junio próximo, a las 10, en tanto que llamó para el mismo día, a las 12, a Héctor Romano, otrora jefe de la Secretaría Privada de Economía.
El ex vice está imputado por "haber defraudado a la administración pública mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pagos apócrifos". Según la investigación, para ello se habrían insertado "datos falsos en las declaraciones juradas de rendición de gastos".
Boudou ya había declarado en el caso en diciembre pasado, cuando dijo ser "ajeno" a la presentación de las facturas truchas.