El canciller Pablo Quirno dijo que el gobierno utilizará todas las herramientas legales para impedir la explotación de hidrocarburos en las islas y reclamó que el Reino Unido acate un eventual fallo del Tribunal del Mar
Foto: Archivo / La Capital
Quirno aseguró que el gobierno utilizará todos los instrumentos legales, diplomáticos y judiciales para impedir el avance de proyectos petroleros en Malvinas.
El canciller Pablo Quirno advirtió este jueves que la Argentina puede iniciar acciones penales contra los directivos de las empresas petroleras que buscan explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas y aseguró que el gobierno utilizará todos los instrumentos legales, diplomáticos y judiciales para impedir el avance de esos proyectos.
“Creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones. Y seguiremos con ellas”, afirmó Quirno al referirse a las compañías involucradas en el proyecto de explotación petrolera Sea Lion en una zona marítima cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido.
El funcionario fue consultado sobre la posibilidad de avanzar con procesos judiciales contra personas físicas en territorio argentino y respondió de modo categórico: “Absolutamente, sí”.
El canciller recordó que las dos compañías ya fueron sancionadas bajo la legislación argentina y sostuvo que la administración de Javier Milei continuará utilizando distintos mecanismos para impedir que avancen con la explotación de los recursos naturales del archipiélago.
“La Argentina utilizará todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación, y también en los foros internacionales, para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas ocurra”, enfatizó.
Las declaraciones se produjeron después de que trascendiera que la Argentina había advertido a directivos de Rockhopper Exploration sobre la posibilidad de enfrentar procesos penales, penas de prisión y multas por su participación en el proyecto petrolero.
Asimismo, Quirno defendió la presentación realizada por el gobierno argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo (Alemania), para solicitar medidas provisionales que permitan suspender las actividades de explotación hasta que se constituya el espacio arbitral encargado de examinar la controversia.
El funcionario explicó que la urgencia del planteo obedece a que el inicio de la explotación está previsto para el primer trimestre de 2027, por lo que la Argentina busca impedir que las actividades comiencen antes de que exista una resolución sobre la disputa.
“Está claro que el Reino Unido hace caso omiso a las resoluciones”, sostuvo en referencia a las disposiciones de Naciones Unidas que, según la posición argentina, obligan a las partes a abstenerse de realizar actos unilaterales mientras persista la controversia de soberanía.
En otro orden, Quirno afirmó que la Argentina “rechaza rotundamente” la decisión de Irán de declarar como organizaciones terroristas a la Armada y la a Fuerza Aérea, sobre las cuales no pesa “ningún tipo de acusación” como “sí la tiene” la Guardia Revolucionaria de Teherán.
El canciller sostuvo que la Argentina se toma “muy seriamente ese tipo de acusaciones”, que atribuyó a que el gobierno nacional declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, en marzo pasado.
En ese sentido, recordó que, después de la decisión argentina de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas, tanto Milei como él fueron acusados de crímenes de lesa humanidad por el régimen de Teherán.
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Por Martín Stoianovich
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