A medida que se acerca el cierre de 2022 comienza a crecer la tensión en la Legislatura santafesina, cuya agenda inmediata contempla el tratamiento de los pliegos para ocupar cargos en el Poder Judicial, imán de una áspera controversia política, y en el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), a la par del presupuesto provincial para el año próximo y la correspondiente norma tributaria.
El escenario parlamentario se vio sacudido la semana pasada cuando el sector de la UCR que lidera el diputado provincial Maximiliano Pullaro acusó al bloque del Partido Socialista (PS) en la Cámara baja de haber pactado con el gobernador Omar Perotti para cubrir cargos en la Justicia de Santa Fe.
En ese marco, los diputados provinciales Fabián Palo Oliver (Radicales Libres), Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura), Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y Rubén Giustiniani (Igualdad) pidieron por nota a la Casa Gris el retiro de los 39 pliegos elevados a la Legislatura para la cobertura de juzgados vacantes de Pequeñas Causas.
Al mismo tiempo, Juntos por el Cambio (JxC) de Santa Fe, frente a lo que consideró “groseras irregularidades”, expresó su “profunda preocupación” y repudio al “reprochable accionar del Consejo de la Magistratura en el envío de las ternas, que poco y nada respeta el orden de oposición de acuerdo al puntaje obtenido en los exámenes”. Y reclamó al gobernador que retire los pliegos, que deberán ser considerados por la Asamblea Legislativa prevista para el 24 de noviembre próximo.
El miércoles, en una conferencia de prensa, Oliver y Del Frade habían advertido sobre irregularidades en el concurso y hablaron de “pacto” entre el oficialismo y “bloques” de la Legislatura, sin mencionar al socialismo, pero dejándolo entrever. Al día siguiente, el radicalismo salió con los tapones de punta al denunciar un “contubernio” entre el Ejecutivo y el PS.
El descargo
En paralelo al silencio de radio de la Gobernación, el bloque de diputados provinciales del socialismo reafirmó ayer su “histórico compromiso con la transparencia y calidad institucional”, tomando como ejemplo los concursos públicos realizados durante las administraciones provinciales y locales del Frente Progresista.
“Negamos rotundamente la existencia de cualquier tipo de acuerdo y repudiamos todo intento político de asociar al PS con maniobras para designar jueces y fiscales que no sea según los mecanismos establecidos”, concluyó el comunicado difundido por los legisladores socialistas.
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El posicionamiento de los legisladores del PS.
A esta polémica con final abierto, que también amenaza con tallar en la construcción de un nuevo frente opositor en Santa Fe, se suma el reciente envío de la Casa Gris de dos pliegos a la Legislatura para desbloquear el funcionamiento del Enress.
Es que la decisión del Ejecutivo podría detonar otro conflicto: uno de los nombres propuestos para desembarcar en el ente es Jorge Lagna, quien en agosto renunció como ministro de Seguridad provincial, jaqueado por una ola de violencia que sigue sin encontrar un dique que la contenga en Rosario.
Asimismo, todavía resta resolver el proceso de selección de autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP), sacudido por la baja de nueve jurados, a la par de otros factores que provocaron una fuerte turbulencia institucional.
Ley de leyes
En tanto, el presupuesto 2023 y la ley tributaria ingresan en una fase de discusión en comisión en la Cámara baja. Semanas atrás, el Senado había aprobado por unanimidad la iniciativa oficial. En esta oportunidad, la Casa Gris fue veloz en aceptar algunas de las modificaciones sugeridas por la oposición. De ese modo, buscó eludir una desgastante dilación como la registrada con la proyección de gastos para 2022.
Si bien el historial legislativo está plagado de asperezas en lo que hace al tratamiento del presupuesto santafesino, el raudo acuerdo unánime alcanzado en el Senado condiciona a Diputados (donde predomina la oposición) a obrar en ese sentido.
En el PS ya definieron unidad de acción respecto de las iniciativas comprometidas y no ejecutadas por la Casa Gris a lo largo de 2022 y la necesidad de los municipios y las comunas de contar con una distribución equitativa de recursos y obras para un año electoral cada vez más cercano.
Al igual que los diputados socialistas, en la UCR centran su atención en el tema que, en marzo, permitió convertir en ley al presupuesto 2022: que municipios y comunas reciban el 60 por ciento (no el 50%) de la recaudación del Inmobiliario.
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En la comisión de Presupuesto de Diputados se aprestan a recibir al ministro de Economía provincial, Walter Agosto.
Foto: Archivo / La Capital.
También pedirán mayores precisiones sobre la distribución de los fondos que ingresarán a la provincia por el pago —en bonos— de la deuda histórica de la Nación con Santa Fe.
A su vez, en el bloque de Juntos por el Cambio, más allá de apostar a una pronta aprobación de la ley de leyes, no ocultaron sus dudas frente a la pauta inflacionaria de 60 por ciento prevista en la iniciativa.
En los pasillos de Diputados deslizaron a La Capital que es posible que el ministro de Economía provincial, Walter Agosto, concurra a mediados de mes a la comisión de Presupuesto del cuerpo.
La primera hipótesis de trabajo de los diputados de la oposición es que la iniciativa llegue al recinto de sesiones —con modificaciones— el 24 de noviembre.