Ya encaminado en un último tramo de su larga etapa de recopilar pruebas y escuchar a testigos, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación tuvo una nueva sesión este martes, con el objeto de enfocarse en el presunto abuso de poder, principalmente en la figura del cortesano Carlos Rosenkrantz. Entre otras conductas reprochables que los diputados oficialistas le imputan a Rosenkrantz, se ventiló y debatió durante buena parte de la sesión el vínculo (que se inició en 2008) entre la provincia de Santa Fe y el cortesano, que fue figura clave del estudio de abogados contratado por el entonces gobernador Hermes Binner, al momento de iniciar acciones legales contra el Estado nacional por el diferendo respecto de la coparticipación.
Ese diferendo fue finalmente resuelto por la Corte Suprema de Justicia a favor de Santa Fe durante los últimos meses del gobierno de Cristina Kirchner en 2015, y aún tiene varios capítulos por resolver, como el pago de los honorarios al estudio de abogados que ganó el pleito: Rosenkrantz y su socio, entre otros, Ricardo Gil Lavedra. La irregularidad surgiría en la actualidad, ya que desde 2016 el antes abogado patrocinante de Santa Fe ahora integra el máximo tribunal, y tiene a su firma (y la de sus compañeros) la regulación de honorarios por el juicio que ganó Santa Fe, y que deberá pagar la provincia. Podría suceder que el cortesano se regule honorarios a si mismo, por un trabajo que tuvo antes de llegar el máximo tribunal.
Agrava la situación los montos que se barajan; “Rosenkrantz asumió en la Corte en 2016, pide regulación de honorarios el 23 de octubre del 2017 y mientras pedía honorarios en una causa de su ex cliente, resolvía una causa de su ex cliente, eso es lo que me parece irregular, no la regulación de honorarios”, explicó Leopoldo Moreau, diputado del FdT en la comisión de Juicio político. Respecto de los montos del juicio “Santa Fe”, el diputado (también del oficialismo), Rodolfo Tailhade, aclaró que la sentencia es de más de 150 mil millones de pesos a favor de la provincia de Santa Fe – un monto calculado al 2022- y “el pedido de regulación de Rosenkrantz es de 18 mil millones de pesos que hasta ahora no ha sido discutido”.
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En la sesión de la comisión de este martes, participaron cuatro testigos: el periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus ex clientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en El Destape; el periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna; Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema; y Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La reunión se puso en marcha con intervención de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, quien explicó que la causal de “abuso de poder” se le atribuye a Carlos Rosenkrantz, por “la falta de excusación en causas de sus ex clientes”. “Desde su asunción como ministro participó en al menos 69 fallos donde eran parte sus ex clientes, esto configuraría un claro conflicto de intereses en causas que involucran cifras millonarias”, señaló.
“Con la permanencia del doctor Rosenkrantz, las empresas del sector concentrado de la economía, no referimos a PyMEs, asegurarían un representante de sus intereses económicos y patronales dentro de la Corte”, aseveró la oficialista.
También informó que la segunda hipótesis de esta causa tiene que ver con “honorarios millonarios” reclamados por Rosenkrantz, “por la suma de 18 mil millones de pesos” en la causa que patrocinó a Santa Fe por la quita de recursos coparticipables; mientras que la tercera tiene que ver con la recusación que le formularon en la causa Tabacalera Sarandí.
Por otro lado, el oficialismo confirmó que avanzará hacia la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia –en temas tratados en durante los meses anteriores- al considerar que la investigación sobre las causales del fallo 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura están concluidas.
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Un aspecto que dominó la sesión en el anexo de Diputados fue acerca de si los cortesanos se excusan o no cuando sus fallos involucran a empresas con las que tuvieron relación contractual, profesional, antes erigirse en la Corte. Para el oficialismo, la contradicción ética no prescribe con el tiempo, y debe sostenerse durante todo el ejercicio de la gestión en la Corte.
Sin embargo, para el diputado del Pro Pablo Tonelli, activo en la comisión de Juicio Político, “respecto de las posibilidades de que un juez se aparte en un expediente y no opine, no vote, son dos: una, que sea por impulso de alguna de las partes que actúe en la causa y lo recuse, con motivos; y la otra es que el juez decida excusarse porque él entiende que hay motivos para hacerlo”.
Y defendió que haya sido de cinco años “el plazo a partir del cual el doctor Rosenkrantz ( se autoimpuso, y lo dejó por escrito)entendió que ya no correspondía excusarse en causas en que intervinieran ex clientes, no de él personales, sino del estudio en el que había trabajado”. “No puede ser que pasen 30 años y el juez tenga que seguir excusándose”, enfatizó y señaló que el artículo 15 de la Ley de Ética Pública “establece que esa obligación de excusarse cesa transcurridos tres años”.
“Es absolutamente lógico, natural, razonable y sensato que un impedimento de esa naturaleza cese en algún momento. La Ley de Ética habla de tres años, el juez Rosenkrantz eligió esperar cinco. Está muy claro que no puede mantenerse para siempre semejante prohibición”, insistió Tonelli.
Para Moreau, en contrario, la aclaración de Tonelli “confirma la arbitrariedad de la decisión de Rosenkrantz”, quien tomó “una decisión individual y arbitraria” e “inventó una norma”, cuestionó. “Le imputamos un mal comportamiento desde el punto de vista ético y la pérdida de imparcialidad. Se autoimpuso un plazo que de ninguna manera existe en normas vinculadas al funcionamiento de la Corte Suprema. Él no apeló a la Ley de Ética Pública, el plazo lo impuso él a su propio arbitrio”, subrayó el oficialista.
En las próximas semanas, se vienen las definiciones del juicio a la Corte Suprema que encara la Cámara de Diputados. Desde ya, el oficialismo, estaría en condiciones de firmas los dictámenes, aunque luego necesita de mayorías agravadas para trasladar la iniciativa al recinto. Desde ya, esa mayoría, por ahora, no está en el dominio político del FdT.
