Juego clandestino: acusan a Ponce Asahad de formar parte de "una conjura política de Saín"

José Luis Vázquez, abogado defensor del senador provincial Armando Traferri, defendió públicamente al legislador, quien fue vinculado por el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, detenido en el marco de una investigación por el pago de coimas a funcionarios judiciales, a una importante red de juego clandestino en la provincia.

“Lo que dijo Ponce son mentiras y no se van a poder probar. Se trata de una conjura política manipulada por el ministro de Seguridad Marcelo Saín”, afirmó Vázquez, y añadió: “Decir que Traferri participó en una red que protegía el juego ilegal es una falacia. Traferri no tiene nada que ver con el juego ilegal y ni con nada que se vincule a lo ilegal. Tiene 30 años de carrera política, sin un sólo tropiezo. Su primer tropiezo se llama Marcelo Saín, que usa estas armas para la pelea política”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el abogado rompió el silencio pocos minutos antes de la reunión en la que el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz, pondrá a disposición de los legisladores copias con los dichos de Ponce Asahad en su última declaración indagatoria.

En la audiencia del último viernes, Ponce Asahad mencionó al senador por el departamento San Lorenzo y a otros personajes de la política como uno de los engranajes del juego ilegal en la región.

Las revelaciones del exfiscal produjeron una tormenta política de la que el senador provincial de San Lorenzo se mantuvo a distancia. Pero este miércoles, su abogado salió a dar su posición al respecto. “No hay nada de qué defenderse”, expresó Vázquez, al referirse a los dichos de Ponce Asahad. “No hay ninguna sindicación que alcance algún viso de realidad para generar una imputación. Son todas referencias que no se pueden probar”, agregó.

Vázquez reconoció que hubo un llamado telefónico del asesor de Traferri, Darío Scataglini, a la secretaria del empresario Leandro Peiti, imputado más adelante por juego clandestino. “Peiti había presentado un proyecto para instalar máquinas de juego en las agencias de lotería. Se trató de un proyecto formal que fue presentado y Traferri le encargó a Scataglini que se ocupara de hablar con esa gente para seguir el trámite", explicó el abogado.

La llamada telefónica

"También es cierto que Traferri y Ponce hablaron por teléfono. La mayoría de las veces, Ponce llamaba al senador para pedirle favores como que la habilitación de reuniones con políticos y referentes del Poder Judicial. Siempre por problemas del Ministerio Público de la Acusación”, añadió.

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Vázquez remarcó que los dichos de Ponce Asahad “son una conjura política manipulada por (el ministro de Seguridad, Marcelo) Saín, con la complicidad del Ministerio Público de la Acusación (MPA)". La política se mudó al Centro de Justicia Penal de Rosario. Esto es una maniobra política de Saín en el enfrentamiento que mantiene con el Senado y particularmente con el senador Traferri".

"Eso tiene su base en dos leyes: una, que pretende regular el manejo de los fondos reservados del Ministerio de Seguridad, algo así como 50 millones de pesos por año, es decir más de cuatro millones para gastar por mes; y la otra es la que menciona la imposibilidad de que Saín tenga dos cargos en la administración pública. Eso lo dicen otras cinco leyes”, señaló.

Testimonio de un capitalista del juego ilegal

La causa judicial que tiene a Gustavo Ponce Asahad y a quien era su jefe, Patricio Serjal, como imputados de recibir coimas para proteger a una organización dedicada al juego clandestino y a cometer violentas extorsiones, tiene como su principal protagonista a Leonardo Andrés Peiti.

Se trata de un empresario dedicado al juego, pero que también posee ramificaciones en la parte ilegal del mercado. Peiti acusó a los funcionarios en la audiencia en la que él mismo fue imputado por ser parte de una asociación ilícita. Lo interesante es que sus dichos fueron comprobados con varios días de anticipación a sus propios dichos.

Peiti está en libertad porque su pena en expectativa son tres años y la ley lo permite. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappietra, quienes comandan la investigación por juego clandestino, valoraron la información que suministró Peiti y que permitió profundizar la pesquisa. En el Centro de Justicia Penal están seguros que Peiti buscaba ventajas al hablar. Pero al hacerlo, dicen los fiscales, también se incrimina y a pesar de quedar en libertad no quedará libre de pena.

Peiti dijo que pagaba a Ponce Asahad 4 mil dólares mensuales y que tuvo dos encuentros con Serjal en los que éste le pidió dinero (uno en un bar de Rosario en compañía de Ponce Asahad y otro en un hotel de Buenos Aires). Una de esas reuniones está filmada.