El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio de Vido, fue imputado ayer por el presunto pago de sobreprecios en la realización de obras públicas en la provincia de Santiago del Estero desde 2005.
El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio de Vido, fue imputado ayer por el presunto pago de sobreprecios en la realización de obras públicas en la provincia de Santiago del Estero desde 2005.
La decisión fue tomada por el fiscal federal Patricio Evers, quien imputó al dirigente del Frente para la Victoria en la investigación que tiene en su poder la jueza María Romilda Servini de Cubría.
En ese expediente, el denunciante, Roberto Angel Azzareto, acusó también al responsable de la Unidad Coordinadora de Proyectos con Financiamiento Externo, que dirigía Pablo Abal Medina, de ser el recaudador de los sobreprecios en tareas de repavimentación de rutas o construcción de edificios públicos.
Tras conocer la imputación, De Vido salió por Twitter a desligarse de responsabilidades y a aclarar "que las obras denunciadas en Santiago del Estero fueron licitadas, adjudicadas y ejecutadas por la provincia".
"Es decir, el gobierno nacional sólo brindaba apoyo financiero a partir de créditos gestionados ante organismos multilaterales (BID y CAF). Gestión y control lo realizaba la Unidad Coordinadora de Proyectos con Financiamiento Externo, que dirigía Pablo Abal Medina y organismos correspondientes", aseveró De Vido.
De esta manera, De Vido atribuyó responsabilidades al hermano del ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y actual senador nacional del PJ-FpV, Juan Manuel Abal Medina.
"Esto es parte de la persecución mediática a la que estamos siendo sometidos quienes acompañamos la gestión que transformó el país. Buscan descalificarnos para invisibilizar las miles de obras que hicieron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner a lo largo del país", apuntó De Vido en Twitter.
Según Azzareto, desde 2005 en adelante se favoreció con obra pública a la provincia de Santiago del Estero, financiada por el gobierno nacional, y el modus operandi "se daba a través del ex ministro de Planificación Federal De Vido, que determinaba qué obras y a qué precios debían realizarse y a qué empresas debían otorgarle la concesión".
Las tareas bajo sospecha son el complejo de oficinas del Ministerio de Economía y Educación de Santiago del Estero, obra en la que intervino la empresa Panedile: se hicieron dos torres por las que se pagó el metro cuadrado cinco mil dólares, cuando según el denunciante el valor de mercado era de mil dólares.
También se investiga la repavimentación de la ruta provincial que une la ciudad de Loreto con Frías, que costó aproximadamente unos 500 mil dólares.
Además, Azzareto acusó que hubo sobreprecio de 100 mil dólares en una obra de la firma Panedile sobre el dique de Figueroa del río Salado, que aseguró que no pudo haber tenido un costo mayor de 30 mil pesos.
De Vido está procesado por la tragedia ferroviaria de Once, y la semana pasada fue indagado en dos causas: una por la compra irregular de trenes a España y Portugal, y en otra por no llamar a licitación de los contratos de ramales ferroviarios, tal cual prevé la ley.
Por Matías Petisce
