Después de dos años sin marchas producto de la pandemia, los organismos de derechos humanos de Rosario, junto a organizaciones políticas, sociales y sindicales, salieron masivamente a la calle para conmemorar el golpe cívico-militar que instauró en 1976 un régimen de terror y un plan económico del cual hoy persisten sus consecuencias. El Espacio Juicio y Castigo, que nuclea a varias agrupaciones de DDHH, consensuó un documento (leído en el acto central en el Monumento) donde además de recordar los estragos promovidos por el Proceso, plantea consignas y demandas actuales en un contexto político y económico dominado por el reciente acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández con el FMI.
Juane
Este año la conmemoración tuvo un signo muy emotivo. Fue la primera vez en años que al momento de la lectura del documento hubo una ausencia notable, la de Juane Basso, el periodista y reconocido militante de la agrupación Hijos, fallecido a principios de marzo de 2021. Durante toda la jornada, desde la pantalla ubicada en el escenario, se proyectaron imágenes de Juane.
Desafiando el mal tiempo, miles de personas se agruparon con sus respectivos estandartes para protagonizar una de las movilizaciones más grandes que se recuerden en Rosario. La marcha la encabezó la bandera con la inscripción de los 30 mil desaparecidos. Detrás de esa consigna se ubicaron las organizaciones políticas, sindicales y sociales.
La concentración fue en la Plaza San Martín y desde allí marcharon hasta los Tribunales Federales (sede los juicios contra los represores). Luego la columna, que sobrepasó las 20 cuadras, bajó por San Luis hasta Buenos Aires para drenar hasta el Parque Nacional a la Bandera, donde se ubicó el escenario en el que desde temprano tocaron varias bandas musicales y desde donde se leyó la proclama unificada.
Salvo la izquierda dura, que acompañó en la marcha pero hizo un acto aparte, la mayoría de las organizaciones se recuestan e identifican con el legado kirchnerista. Esta pertenencia se reflejó en varios pasajes del documento, con críticas más veladas que explícitas: “Si bien hoy están en el gobierno sectores populares, la derecha controla las palancas principales de la producción, las finanzas y la economía, con medios de comunicación y con el Poder Judicial. Están al acecho y lo hacen notar”.
Pero a la hora de referirse al acuerdo con el FMI votado recientemente en el Congreso, la crítica fue directa: “Hoy debemos —otra vez— decir no al pago de la deuda. Una deuda ilegal e ilegítima que por impagable nos sumirá en más pobreza, más exclusión y pérdida de soberanía. Exigimos una verdadera investigación y juicio y castigo a los culpables”.
La última vez que se hizo este tipo fue el 24 de marzo de 2019, cuando aún gobernaba Mauricio Macri. Los organizadores equipararon esta gestión con la que encabezó Carlos Menem en los 90. “El pueblo logró reconquistar la democracia, pero todavía hay que dar pelea a una derecha organizada que intenta desestabilizar por varios caminos. Lo hicieron en los 90 con los mandatos de Menem y volvieron luego con Macri, que luego de 4 años de gobierno dejó gran cantidad de desocupados y presos políticos en todo el país; la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel entre otros. Además, aumentó la violencia institucional y persecución a quienes luchan, con militarización y criminalización a los barrios populares, dejando vía libre a la narcocriminalidad con sus secuelas de violencia y muerte. En síntesis, un país destruido”, reflejaron en el documento.
Guerra judicial
En otra parte de la proclama, los organismos se meten de lleno en la causa de espionaje ilegal en la provincia y denuncian una persecución judicial contra el equipo de funcionarios que trabajaron con el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. En este punto, acusan a sectores políticos, del Poder Judicial y de la policía de connivencia con la mafia.
“El más claro ejemplo de esto es el «lawfare» a la santafesina que se está llevando en contra de nuestra compañera Nadia Schujman y los 12 trabajadores del Ministerio de Seguridad. Los fiscales Mariela Jiménez y el Fiscal Ezequiel Hernández son los encargados de llevar adelante «una causa» llena de incertidumbres y sin pruebas reales, en contra de quienes trabajaron por desarticular y condenar este entramado mafioso en el cual nuestra provincia está inmerso”, señalaron.
Una vez terminado el acto central, y a la par que la gente se fue desconcentrando, los que se quedaron pudieron disfrutar distintos musicales.
