La Cámara Federal local determinó que el Estado nacional debe indemnizar a la familia de la paciente de 24 años inoculada contra el Covid-19
Melina Agustina Sartori vivía en Córdoba.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictó un fallo inédito en el país al determinar que la vacuna Sputnik V causó la muerte de Melina Agustina Sartori. La joven de 24 años falleció en julio de 2021 tras sufrir un cuadro de trombosis con trombocitopenia.
La Sala A del tribunal falló a favor de María Virginia Ruiz, madre de la víctima. El tribunal concluyó que existió un nexo causal entre la aplicación de la primera dosis de la vacuna rusa contra el Covid-19 y el cuadro clínico que derivó en el deceso de la paciente.
El fallo ordenó al Ministerio de Salud de la Nación completar, en un plazo de 30 días, el trámite previsto en la ley 27.573. Esta norma se refiere al Fondo de Reparación Covid-19, una herramienta creada para compensar a personas que sufrieron daños físicos o fallecieron como consecuencia directa de las vacunas contra el virus.
La norma fijó una indemnización correspondiente a 240 jubilaciones mínimas, que equivale a unos 95 millones de pesos aproximadamente. El fallo dejó establecido que el caso de Sartori encuadra "plenamente" dentro de los supuestos indemnizables previstos por la legislación vigente.
Sartori recibió la primera dosis de la Sputnik V el 15 de julio de 2021 en el Orfeo Superdomo de la ciudad de Córdoba. Según reconstruyó la Justicia, la joven gozaba de buena salud y acababa de iniciar un emprendimiento familiar de pastas.
Seis días después de vacunarse, comenzó con cefaleas intensas y vómitos. Los médicos la internaron de urgencia y detectaron un síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT), también conocido como VITT, una reacción asociada a determinadas vacunas de vector adenoviral.
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El cuadro avanzó rápidamente y provocó un deterioro neurológico irreversible. Sartori murió el 29 de julio de aquel año, dos semanas después de recibir la dosis. En el plano judicial, la sentencia sostuvo que la evidencia científica presentada en el expediente “satisface holgadamente el umbral de preponderancia de la evidencia” exigido por la normativa para acreditar el vínculo entre la vacuna y el fallecimiento. Los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos remarcaron que la ley no exige una certeza absoluta, sino pruebas suficientes que permitan establecer la relación causal.
En un primer momento, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva) había clasificado el caso como “Indeterminado B1”, al considerar que existía una relación temporal con la vacuna, aunque sin evidencia concluyente para confirmar la causalidad. Con esa evaluación inicial, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo rechazó el reclamo administrativo presentado por la familia.
Sin embargo, en 2024, la propia Conaseva revisó el caso a partir de nueva evidencia científica internacional y modificó la clasificación a “Relacionado A1”. De ese modo, reconoció oficialmente la relación entre la aplicación de la Sputnik V y el fallecimiento de Sartori.
Martín Barbará, abogado de María Virginia Ruiz, aseguró que se trató de un “proceso novedoso” porque no existían antecedentes similares en Argentina. Además, sostuvo que este representa el primer fallo judicial contra el Estado por consecuencias derivadas de vacunas aplicadas por el gobierno en el marco de la pandemia.
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