La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dependiente del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, utilizó ciertos términos para legislar sobre personas con distintos grados de discapacidad que generaron polémica y repudio. "Imbécil", "idiota" y "débil mental" fueron algunas de las categorías que pudieron leerse en una resolución publicada en el Boletín Oficial el mes pasado, pero que tuvieron difusión este jueves. Distintas entidades, como la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) manifestaron su repudio.
Los términos que generaron polémica y rechazo se muestran en el Anexo de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se catalogan distintos "criterios médicos" para medir la invalidez laboral.
En un apartado del anexo, llamado "Retardos mentales", se establecen una serie de categorías para determinar diversos grados de discapacidades. En este sentido, se especificó que el término "idiota" refiere a la persona que "no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo"
A continuación, establecieron en la categoría de "imbécil" a "quien no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias". También los conceptos de débil mental profundo, moderado y débil aparecieron en el anexo.
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Lo simbólico no es todo: preocupan recortes presupuestarios a las discapacidades
Desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) comunicaron su repudio absoluto a la utilización de estas categorías y señalaron que "viola la Constitución Nacional y acuerdos internacionales contra la discriminación".
La presidente de Apridis, Mariel Chapero, en diálogo con La Capital señaló que las categorías como idiota o imbécil son términos definidos en el siglo XIX por la psiquiatría de ese entonces y que deberían estar "absolutamente superados ya que ni siquiera figuran en los manuales de enfermedades".
"De todos modos, si bien la cuestión simbólica es gravísima, no deja de ser tan grave como la política de ajuste que se viene sosteniendo hacia las personas con discapacidad, colectivo históricamente vulnerable", sostuvo.
Desde Apridis, aseguran que se está realizando una auditoría masiva que tiene por objetivo el recorte de pensiones y de prestaciones del sistema integral de atención para personas con discapacidad.
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"En octubre del año pasado, cuando se resolvió el presupuesto para el 2025 identificamos que implicaba recursos menores que el destinado el año anterior para las pensiones no contributivas. Cuando profundizamos en el análisis, vimos que ese presupuesto implicaba que para este año haya 160 mil pensiones menos. Sumado a esto, en este último tiempo se puso en movimiento una auditoria masiva de pensiones no contributivas", apuntó Chapero.
Como explica Chapero, lo grave de esta situación es que "las personas que no puedan calificar para un retraso mental profundo no van a ser consideradas para la pensión y esa pensión, que en muchos casos se trata de infancias y adolescencias, les implica una gran pérdida de una asignación que les permite solventar algunos gastos relacionados a sus discapacidades".
Al mismo tiempo hay un dato que no puede pasar desapercibido: las personas con discapacidades que se incluyen dentro de las pensiones no contributivas reciben sólo 190 mil pesos.
Al mismo tiempo, tener la pensión garantiza la afiliación instantánea al Programa Federal Incluir Salud. Este programa resulta esencial para garantizar los derechos básicos de salud.
"Es muy grave porque al perder la pensión van a perder este programa que brinda cobertura médico asistencial, garantizando dispositivos de atención a personas con discapacidad. Esto contribuye a que puedan acceder a una vida digna e incluirse en esta sociedad", especificó.
