Santiago del Estero.- El Equipo de Argentino Antropología Forense identificó el cadáver de Norma Delia Sibantos, una modista tucumana que en 1978 fue secuestrada por fuerzas de la dictadura militar y estaba enterrado desde hacía 30 años como NN en el cementerio de la localidad de Clodomira, indicaron hoy fuentes del caso.
El hecho se remonta a fines de 1978, cuando el cuerpo de una mujer treinteañera fue encontrado en un camino vecinal de la provincia de Tucumán con dos disparos en la cabeza.
La víctima, que estaba embarazada y no era de la zona, tenía tez blanca y cabellera rubia, recordaron los policías que llegaron al lugar del hallazgo y los testigos, se explicó.
El abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Antenor Ferreyra reflotó ante la Justicia federal el misterio del cadáver, que fue enterrado en una tumba común en la necrópolis de Clodomira, distante 30 kilómetros de esta capital, en el departamento Banda.
Para ello hizo una presentación ante la presunción de que podría tratarse de una víctima de la represión ilegal de los años 70.
El juez federal subrogante Guillermo Molinari ordenó la exhumación del cuerpo, lo que se concretó el 3 de junio último.
Las muestras de ADN tomadas por los especialistas se cotejaron con el banco de datos de familiares de desaparecidos y surgió que se trataba de Sibantos, una modista de 38 años que vivía en San Miguel de Tucumán.
Según voceros de la APDH, la mujer fue secuestrada por “grupos de tareas” de la dictadura el 19 de junio de 1978.
Sin embargo, no había sido vista en los centros clandestinos de detención que funcionaban en territorio tucumano ni en Santiago, según el informe de la Conadep.
Por otra parte, el juez Molinari realizó hoy una inspección en el sótano del inmueble donde funciona la actual Subsecretaría de Cultura de la Provincia, pero que durante la era juarista fue sede de la Secretaría de Seguridad.
El objetivo era encontrar documentación acerca de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, aunque en principio se trataría de carpetas que contenían informes confidenciales sobre organizaciones no gubernamentales y personas que desempeñaban algún tipo de actividad política en Santiago del Estero.
Se dispuso que el material fuera remitido al juzgado federal para analizar el contenido de la documentación. (DyN)
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