Afectados por el robo de bebés en España durante el franquismo denunciaron sus casos ante el consulado de Argentina en Madrid, después de que la jueza María Servini de Cubría decidiese abrir las sedes diplomáticas a las víctimas de la represión.
Afectados por el robo de bebés en España durante el franquismo denunciaron sus casos ante el consulado de Argentina en Madrid, después de que la jueza María Servini de Cubría decidiese abrir las sedes diplomáticas a las víctimas de la represión.
"El objetivo es entregar el testimonio y toda la documentación para que lleguen de manera más ágil al juzgado federal número uno cuya titular es la jueza Servini", explicó Soledad Luque, presidenta de la asociación "Todos los niños robados son también mis niños". Luque acompañaba en una fría mañana de invierno a los dos denunciantes, María Begoña García Bernal, de 47 años, que busca a sus dos hermanos desaparecidos al nacer en 1962 en Madrid, y a Antonio Iniesta Coria, de 55 años, cuyo hermano o hermana fue presuntamente robado de un hospital de Valencia en 1957.
Ocho asociaciones como la presidida por Luque participan en la querella presentada en 2010 a la justicia Argentina por víctimas de la represión franquista ante la dificultad para que dichos crímenes sean juzgados en España. "Representamos a cientos de familias que están buscando a su bebé", dice Luque. "Nuestros casos son complejos, Begoña por ejemplo lleva 24 documentos", añade, agradecida porque "en el consulado se toman el tiempo de escuchar y examinar detenidamente" unas denuncias que "fueron presentadas ante la Justicia española".
Según las asociaciones de víctimas, hasta 300.000 bebés podrían haber sido robados durante la dictadura franquista (1939-1975) y después, ya que hasta 1987 no hubo en España una ley que regulase las adopciones. Durante el franquismo, estos recién nacidos eran sustraídos a madres republicanas en virtud de un decreto de 1940 que permitía al régimen hacerse cargo de ellos si se consideraba que su "educación moral" estaba en peligro.
En los primeros años de la democracia, el tráfico de niños continuó, incluyendo la venta de bebés. Argentina decidió en septiembre abrir sus consulados en todo el mundo para recibir denuncias de víctimas del franquismo sin que éstas tengan que viajar a Buenos Aires. Desde entonces, "casi todas las semanas se presentan denuncias en el consulado de Madrid" principalmente "por fusilamientos, fosas comunes y torturas", explica Manuela Bergegot, de la coordinadora española de apoyo a la querella argentina.
Mientras, la fiscalía de la Audiencia Nacional de España se opuso a la extradición a Argentina del presunto torturador y policía de la dictadura franquista Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño", que reclama Servini de Cubria.
Según informaron las páginas informativas de medios de España, el fiscal Pedro Martínez consideró que es competencia de la justicia ibérica porque fueron "hechos cometidos en territorio español, por ciudadanos españoles y las víctimas son nacionales españoles".
También dictaminó que, según la ley al momento del hecho, el delito de torturas contra 13 víctimas que Servini de Cubría le imputa a González Pacheco ya habría superado el plazo de prescripción, diez años, al haber sido perpetrado entre 1971 y 1975. Ahora que la fiscalía se ha pronunciado será el turno de la Audiencia Nacional, que no tiene fecha para expedirse.
"Billy el Niño" fue denunciado por varios ex presos políticos de la dictadura en el juzgado de Servini como un temible torturador de la policía franquista, junto al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, que también tiene pedido de extradición por parte de Servini de Cubría. Ambos pertenecían al aparato represivo del franquismo —la brigada política social que funcionaba en la Dirección de Seguridad ubicada en la turística Puerta del Sol—.
Y les imputó el delito de torturas, que está considerado por la jurisprudencia internacional un crimen de lesa humanidad y por tanto no prescribe con el tiempo. Las víctimas radicaron esta denuncia en Argentina el 14 de abril de 2010 —aniversario de la Segunda República— inspirado en el principio de la Justicia universal y contaron con la colaboración de Baltasar Garzón, ex juez español que empezó a investigar estos casos en Madrid y fue despedido de la Justicia por un caso de prevaricato en otra causa.
Por Alvaro Torriglia