Calentar la casa no debería ser un privilegio

La reforma al régimen de Zona Fría vuelve a poner el ajuste sobre la espalda de la clase media. Si el Senado de la Nación convierte en ley la media sanción aprobada en Diputados, miles de familias santafesinas perderán descuentos de hasta el 50 por ciento en sus facturas de gas o deberán demostrar que merecen conservarlos.

El argumento oficial sostiene que el sistema fue ampliado por gobiernos anteriores sin criterios claros y que el sur de Santa Fe no tiene temperaturas extremas. Hay algo cierto en eso. El kirchnerismo extendió el beneficio de manera desordenada y sin discutir cómo sostenerlo en el tiempo. Pero reconocer esa irresponsabilidad no obliga a aceptar una corrección brutal.

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El problema no es revisar el régimen: es hacerlo descargando el costo sobre trabajadores y familias que no son pobres, según las estadísticas del Indec, pero tampoco pueden absorber otro aumento. El proyecto reemplaza un criterio automático por un esquema que deja afuera a una enorme franja de la clase media.

Impacto en Rosario

En Rosario, casi 400 mil hogares sentirán el impacto. Muchos sufrirán subas cercanas al 50 por ciento en sus boletas, justo antes del invierno y en un contexto en el que crecen las consultas por endeudamiento y dificultades para pagar servicios básicos.

El acceso al gas no puede pensarse simplemente como una variable de ajuste. Se trata de un servicio esencial vinculado a condiciones mínimas de vida digna. Cuando el Estado reduce abruptamente niveles de protección ya existentes, aparece un problema de regresividad social que contradice principios constitucionales básicos.

La lógica del gobierno nacional es clara: subsidiar únicamente situaciones de pobreza extrema y dejar que el mercado ordene el resto. Pero entre quienes reciben asistencia y quienes viven sin dificultades existe una mayoría que paga impuestos, trabaja, y aun así hace malabares para llegar a fin de mes. Esa clase media vuelve a convertirse en el fusible del ajuste.

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En los barrios de Rosario vemos todos los días cómo se deteriora la capacidad de muchas familias para sostener gastos básicos. Refinanciaciones, endeudamiento y preocupación por las tarifas son parte de las angustias cotidianas. En ese contexto, quitar alivios en la factura del gas no es eficiencia: es profundizar un problema real.

Esta discusión revela una mirada más profunda: que el bolsillo decida quién puede protegerse del frío. Cuando calefaccionar una casa depende exclusivamente de la capacidad de pago, el acceso deja de ser un derecho básico para convertirse en un privilegio.

Y una vez más, Rosario y Santa Fe pagan las consecuencias.