El Villazo: absolvieron a todos los acusados de la causa por delitos de lesa humanidad en Villa Constitución

Los 17 procesados por la causa de El Villazo, la mayor represión obrera de los últimos 50 años ocurrida en Villa Constitución, fueron absueltos por la Justicia federal, que el 6 de febrero próximo dará a conocer sus fundamentos. “Fue terrible para todos porque el tribunal no podía ni mirarnos a la cara. Leyeron rápido el fallo y se retiraron. Ni una copia nos dejaron”, dijo la abogada querellante Gabriela Durruty en LT8.

La Fiscalía Federal de Rosario pidió prisión perpetua para dos exdirectivos de la metalúrgica Acindar y penas de 10 a 25 años de prisión para expolicías federales y un guardia rural. Además, la querella del equipo jurídico de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también solicitó dos condenas a prisión perpetua para los civiles y otras que iban desde los 16 hasta los 25 años de prisión a los acusados que formaban parte de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, estos pedidos fueron descartados por los jueces, que absolvieron a todos los imputados. “Estábamos impresionados, no podíamos explicar a la gente lo que ocurría. Los familiares de los fallecidos estaban descompuestos en la sala”, relató Durruty, quien destacó el voto en contra del presidente del tribunal Germán Sutter Schneider, que “abre la posibilidad que Casación ponga las cosas en su lugar”.

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Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Durruty explicó que el fallo del tribunal busca evitar ir en contra del poder económico porque “se enjuiciaba a Acindar, que fue la empresa que tuvo un centro clandestino dentro de sus instalaciones y que se benefició porque, luego de la brutal represión, absorbió el resto de las empresas del cordón industrial de Villa Constitución junto con Techint”.

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Las víctimas de la causa son 69 personas, entre ellos, trabajadores fabriles, militantes sindicales, políticos y vecinos de la ciudad que apoyaban la lucha de los obreros metalúrgicos de la lista Marrón. Del total de los damnificados, 57 fueron asesinados.

El fallo por El Villazo

El alegato, a cargo del fiscal general Adolfo Villatte y los auxiliares Juan Patricio Murray y Álvaro Baella, se realizó a fines de julio en el marco del juicio por los crímenes contra 57 personas en la zona industrial de Villa Constitución. Según la acusación, los hechos ocurrieron a partir del 20 de marzo de 1975, afectando a trabajadores y militantes de la lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que poco antes había ganado las elecciones del sindicato.

Cuatro meses más tarde, el tribunal conformado por Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci, decidió la absolución de 17 acusados, entre los que se incluyen a Roberto Pellegrini, el exempleado jerárquico de la fábrica, Ricardo Oscar Torralvo, Roberto Raúl Squiro, Juan Carlos Faccendini, entre otros. Estaban acusados por privación ilegal de la libertad agravada y al delito de asociación ilícita.

Por su parte, Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo tenían cargos por privación ilegal de la libertad y homicidio agravados que damnificaron a Jorge Ramón Chaparro, Julio Palacios, Concepción De Grandis, Carlos Alberto Ruescas, Jorge Raúl Andino, Carlos Antonio Tonzo, Pedro Antonio Reche, y Miguel Ángel Lobotti. También fueron absueltos por estos delitos y se dictó la liberación inmediata de estos dos más Roberto Squiro.

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Parte de la defensa destacó el fallo

El abogado defensor Hernán Kovacevich, representante de los policías federales Juan Carlos Romero, Carlos Brest, Vicente Valdez y Bernardino Sambrana, sostuvo en su alegato que “se hizo justicia” al demostrarse la inexistencia de pruebas directas que los vincularan con los hechos investigados.

Kovacevich remarcó que “ningún testigo los mencionó ni los ubicó en tiempo, modo o lugar”, y calificó la acusación como carente de sustento real, basada únicamente en “presunciones infundadas”. Solicitó la nulidad del proceso y la absolución total de sus defendidos, invocando el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de duda razonable.

El abogado concluyó pidiendo el levantamiento de toda restricción sobre los imputados y la restitución de su reputación, señalando que el fallo absolutorio “ratifica que no hubo prueba ni delito, y que la verdad finalmente se impuso sobre el tiempo y la injusticia”.

El voto en disidencia

Germán Sutter Schneider fue quien dejó una ventana abierta para que las querellas y fiscalías trabajen en modificar el fallo ante el Tribunal de Casación. “Sutter Schneider dice que una parte de los delitos sí los considera aprobados”, reconoció Urruty. Además, el juez impulsa condena para alguno de los imputados de hasta seis años de prisión, entre ellos los directivos ex-Acindar, Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo.

“Realmente es insostenible pensar que un juicio que costó tanto y que fue controlado hasta la última coma para elevarlo a juicio, haya quedado en la nada”, reclamó la abogada y planteó que la decisión del tribunal se “enrola en el clima político de época”.

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El magistrado Germán Sutter Schneider votó en disidencia, declarando que las 30 detenciones, ocurridas entre el 20 de marzo de 1975 y el 3 de mayo de 1976, y 10 asesinatos, entre el 18 de abril de 1975 y el 8 de enero de 1976, constituyeron delitos de lesa humanidad. Esto se basó en que las víctimas fueron perseguidas por pertenecer o estar vinculadas a la lista Marrón del gremio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, liderado por Alberto Piccinini, tildado falsamente de subversivo. En esta línea, el juez federal condenó a Roberto Álvarez a 8 años de prisión e inhabilitación especial como coautor de privación ilegítima de la libertad agravada sobre ocho personas y a Roberto Pellegrini a 6 años de prisión e inhabilitación especial como partícipe necesario de privación ilegítima de la libertad agravada de Roberto Justo Martínez.

Un juicio actual

Si bien el juicio está contextualizado entre 1975, a un año del comienzo de la última dictadura militar y con la Triple A en funcionamiento, y 1976, la abogada querellante Durruty recalcó que se trata de un juicio actual porque se “demuestra que el movimiento obrero organizado y la criminalización de la protesta es el objetivo”.

En este sentido, la letrada apostó por redoblar los esfuerzos para revertir el fallo y pidió “perdón a todos los sobrevivientes que no pudieron tener el fallo que necesitaban”.

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Foto: Virginia Benedetto / La Capital