Fiscalía solicitó la máxima pena para Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, acusados de homicidios y secuestros de trabajadores en 1975 en Villa Constitución
El Villazo. Una asamblea de la UOM, en Villa Constitución. El movimiento fue brutalmente reprimido.
En un avance crucial de la histórica causa “El Villazo”, la Fiscalía Federal de Rosario pidió prisión perpetua para dos exdirectivos de la metalúrgica Acindar. La solicitud, presentada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1, apunta a Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo por considerarlos responsables de crímenes de lesa humanidad, incluyendo homicidios, secuestros y tormentos contra trabajadores de la empresa y ferroviarios.
El alegato, a cargo del fiscal general Adolfo Villatte y los auxiliares Juan Patricio Murray y Álvaro Baella, se realizó la semana pasada en el marco del juicio por los crímenes contra 57 personas en la zona industrial de Villa Constitución. Según la acusación, los hechos ocurrieron a partir del 20 de marzo de 1975, afectando a trabajadores y militantes de la lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que poco antes había ganado las elecciones del sindicato.
Las privaciones ilegales de la libertad, de acuerdo con la fiscalía, se extendieron durante meses o años según el caso, con nuevos secuestros y homicidios registrados en 1976. Para Pellegrini y Torralvo, el MPF requirió la prisión perpetua por ocho casos de homicidio agravado, 29 de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados, además de su participación en una asociación ilícita.
La petición de penas no se limitó a los exdirectivos. El fiscal también solicitó condenas de hasta 25 años de prisión para 15 expolicías federales y un expolicía provincial. Entre los más destacados se encuentran Roberto Álvarez y Amadeo Chamorro, para quienes también se pidió la pena máxima de 25 años por múltiples casos de privación de la libertad, tormentos y su rol en la asociación ilícita. Otros expolicías, como Aníbal Lozano Windus, Horacio Miguel Nardi y Juan De Jesús Martínez, enfrentan pedidos de pena que van desde los 10 hasta los 16 años de cárcel.
Más allá de las condenas, la Fiscalía presentó una serie de medidas que buscan la reparación y el reconocimiento de la verdad histórica. Se solicitó que las penas se cumplan en cárcel común y que se declare la inconstitucionalidad de los decretos que justificaron la represión de las víctimas y les impidieron ejercer la opción de exilio.
En el plano simbólico, se pidió al tribunal que ordene a los medios de Villa Constitución que publiquen el veredicto y que los edificios de la Jefatura de Policía de la ciudad, la Delegación Rosario de la PFA y Prefectura Naval sean señalizados como Centros Clandestinos de Detención.
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Otro punto central del alegato fue el pedido para que las empresas involucradas, como Acindar, dejen constancia en los legajos de las víctimas que su ausencia laboral no se debió a un abandono voluntario, sino a que fueron asesinadas o secuestradas. Por último, la fiscalía reclamó que se declare probada la participación en los hechos represivos del Ejército, la Prefectura y la fuerza parapolicial conocida como Triple A.
El juicio continuó esta semana con los alegatos del resto de las partes, y se espera que el veredicto se conozca durante el mes de septiembre.
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