Las Cámaras de Diputados y de Senadores de Santa Fe fueron convocadas para este miércoles a sendas sesiones especiales, correspondientes al período extraordinario, con el fin de darle luz verde a una ambiciosa reforma al Código Procesal Penal de la provincia.
Hace meses que la iniciativa viene siendo debatida en el seno del oficialismo y consultada con la oposición, en especial los senadores del PJ. El mensaje remitido por la Casa Gris impulsa cambios en unos 40 artículos y la incorporación de figuras que permitan colaborar con las investigaciones.
Asimismo, la propuesta oficial promueve reformas a un artículo de la ley orgánica judicial y a otro de la ley orgánica que rige a la policía policial.
En ese contexto, el Senado fue citado, a las 11, y Diputados, a las 11.30. En la primera Cámara, el oficialismo tiene los dos tercios para impulsar la votación sobre tablas, mientras que en la segunda es clave el apoyo de Vida y Familia para sancionar hoy la reforma.
La horas previas a las sesiones estuvieron signadas por las negociaciones finales sobre el texto a debatir. En ese sentido, el sábado pasado, el ministro de Gobierno provincial, Fabián Bastía, había recibido en su despacho a senadores y diputados oficialistas.
El Código Procesal Penal data de 2007 y, desde entonces, fue sometido a escasas modificaciones. Ahora el oficialismo procura concretar la mayor reforma, tanto por los artículos como por los cambios que generará en el sistema.
En ese sentido, el artículo alude a los careos sumará medidas especiales de investigación y prueba como los agentes encubierto y revelador, el informante y la entrega vigilada.
Otro punto clave es la figura del arrepentido. Al respecto, se regulará toda su actuación en el proceso penal.
Además, se pretende avanzar con modificaciones en los sistemas de medidas coercitivas, el procedimiento abreviado, la formulación de cargos (tomando como base la comunicación escrita) y la metodología de las diversas audiencias del juicio oral.
Pero el proyecto de la Casa Gris también modifica el artículo 10 bis de ley orgánica del personal policial, que -excepto casos de flagrancia- no permite al agente detener o restringir la libertad corporal de las personas sin orden de autoridad competente.
Por eso, la reforma que propicia el oficialismo permite la detención y dispone varios pasos de garantías a seguir por el personal.
Respecto de los cambios en la ley orgánica del Poder Judicial, la reforma sostiene que la feria de enero y de invierno “no rige en materia penal”.
En esa línea, la Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) deberán reglamentar, organizar y programar el otorgamiento de las licencias por vacaciones de sus funcionarios y empleados de modo tal que quede garantizada -como mínimo- la presencia laboral para la prestación del servicio de justicia del 50 por ciento del total de funcionarios y empleados de planta, respectivamente, en cada circunscripción y distrito.