El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le mandó una carta al ministro de Justicia de la Nación en la que le solicita que otorgue más tiempo para que la Justicia Federal de Rosario empiece a aplicar el modelo de juicio oral y público de manera plena, algo que el gobierno de Javier Milei ordenó debe ocurrir desde el lunes próximo.
Casal define que la necesidad de adecuar el modelo acusatorio pleno, que implica el fin de las tradiciones escritas que rigen en la etapa de instrucción y la organización de las audiencias que pasan a ser la regla, le exige pedirle al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, "que disponga un término adicional para hacer posible, aún con esquemas de contingencia, el piso mínimo de circuitos de trabajo y coordinaciones interinstitucionales que eviten consecuencias nocivas para la gestión de los casos en la jurisdicción de referencia, y permita desarrollar un proceso de implementación que asegure la mayor eficacia del nuevo sistema de enjuiciamiento adversarial.
En la resolución 63 del Ministerio de Justicia, Cúneo Libarona impone que desde el primer minuto del lunes 18 de marzo en todo el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario comience a regir de manera plena e inmediata el Código Procesal Penal de la Nación promulgado en 2019. Este solo rige, porque se previó su incorporación de manera escalonada, en la Justicia Federal de Salta y Jujuy.
El procurador señala que el 26 de febrero pasado informó por nota al Ministerio de Justicia el análisis y diagnóstico de la situación de los recursos humanos y sus necesidades, la infraestructura edilicia y tecnológica disponible, el estado de los laboratorios, las capacitaciones efectuadas a magistrados, funcionarios, empleados y fuerzas de seguridad para la entrada en vigencia del modelo de juicio oral.
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En relación a eso, le señala a Cúneo Libarona que es indispensable "la adecuación de la infraestructura edilicia para las exigencias del nuevo modelo, la organización del Ministerio Público Fiscal que permita garantizar el resguardo de evidencia, la recepción y alojamiento transitorio de personas detenidas, el reemplazo del tradicional expediente a un legajo digital, así como la correcta atención de las víctimas y testigos".
Asimismo indica que la puesta en marcha de un sistema procesal totalmente regido por la oralidad "exige una readecuación integral de los espacios de trabajo a fin de garantizar su efectiva realización". Hoy la mayor parte se realiza en oficinas de fiscales y jueces, ahora deberá pasar a salas de audiencias y oficinas de gestión para los horarios de esas audiencias y sus notificaciones.
"También, corresponde recordar, tal como entonces se expuso, la situación de colapso que atraviesan los laboratorios forenses que trabajan en coordinación con la Justicia federal de Rosario y que se vería incrementada por la celeridad que exige el nuevo sistema acusatorio, lo cual, de no poder solucionarse en este exiguo plazo, atentará contra una de sus principales virtudes", dice Casal. Para quien en definitiva "los avances institucionales señalados en el proceso de transición al sistema acusatorio, en particular en la jurisdicción federal de Rosario, son notorios, pero resultan insuficientes para la inmediata puesta en marcha" del nuevo Código Procesal Penal de la Nación.