En el medio de la profunda crisis de criminalidad que sacude a la ciudad, el Ministerio de Justicia de la Nación determinó que en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario se empiece a aplicar el nuevo modelo de enjuiciamiento de delitos en base a sistemas de audiencias públicas y que pone en poder de los fiscales la potestad exclusiva de investigación de ilícitos de esta competencia, que son mayormente las de narcotráfico, es decir el comercio de drogas a alta escala, en contraposición al narcomenudeo que en Santa Fe ya es facultad de la Justicia Provincial.
La resolución 63 del Ministerio de Justicia que se difundió este jueves establece "la plena e inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario". El sacudón institucional más fuerte es la fecha prevista para su implementación: el primer minuto del 18 de marzo, es decir, el próximo lunes.
Eso ya generó una reacción de enorme inquietud y estupor en el mundo de la Justicia Federal local. Pero que la excede: el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que es el jefe de todos los fiscales federales, le dirigió una nota al gobierno nacional pidiendo prórroga para la entrada en rigor del nuevo modelo.
La novedad se basa en un diagnóstico muy crítico que encararon sectores de la propia Justicia Federal a nivel nacional y del Ministerio de Justicia de la Nación a cargo de Mariano Cúneo Libarona. En el sistema venidero los jueces pierden toda relevancia en el control de las investigaciones. A diferencia de lo que pasa en la actualidad no serán ya los magistrados capaces de controlar o retener investigaciones, que en su mayoría delegan a los fiscales federales pero no en todos los casos, ni controlar la temporalidad de las pesquisas. Su rol se limitará a pronunciarse en audiencias públicas sobre las pruebas que se presenten en un sistema acusatorio pleno: allí los fiscales investigan y acusan, los defensores defienden y los magistrados valoran la evidencia y avalan o no si los acusados son sometidos a proceso y si les imponen medidas cautelares, como la prisión preventiva.
Abrumados ante el requerimiento del inicio del cambio de sistema de enjuiciamiento con solo dos días hábiles de anticipo antes de su exigida puesta en marcha, magistrados y funcionarios de la Justicia Federal de Rosario se reunieron con funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación. Fuentes de la Justicia Federal indicaron que están de acuerdo con el pase al modelo acusatorio, pero que la orden de iniciar el cambio el lunes cayó por absoluta sorpresa también para la Corte Suprema de Justicia, que envió a uno de sus ministros, Horacio Rosatti, a un encuentro en la Cámara Federal de Rosario para analizar los movimientos. Hasta ahora la Justicia Federal de Rosario, en deliberación constante desde la recepción del comunicado, no fijó una posición.
Es difícil no ver en esto, por el momento elegido, una medida con cierto afán efectista. Obviamente el mecanismo acusatorio debe empezar a regir cuanto antes porque el vigente sistema basado en decisiones no públicas y con criterios inquisitivos es anticuado, opaco y escasamente democrático. Pero a los fines de su eficacia ante el control de la violencia ligada a las drogas es discutible. Esto sí habría tenido valor antes. Pero en Rosario la mayor parte de las causas de drogas que producen violencia de alta lesividad son de comercio urbano menor y éstas desde hace dos meses están bajo la esfera de fiscales provinciales y no de la Justicia Federal.
>> Leer más: El jefe de los fiscales pide prórroga para la oralidad en la Justicia Federal de Rosario
La fundamentación de la medida de Cúneo Libarona señala que aproximadamente el 70 por ciento de los 500 homicidios cometidos en Rosario y su área metropolitana entre 2022 y 2023 se relacionan al accionar de bandas cuyo desmantelamiento concierne de modo prioritario a la Justicia Federal. Esto era así, y por eso hay notorias responsabilidades históricas de la Justicia Federal de Rosario, pero ya no lo es de manera predominante. Hoy el narcomenudeo barrial que genera delitos de sangre no es de su competencia. Por lo que si eso explicara el apuro extremo, cambiar un sistema de enjuiciamiento en cuatro días, el motivo de discusión es lógico.
¿Qué cambia en el modelo de enjuiciamiento federal con esta disposición? Casi todo. El sistema escrito que caracteriza la instrucción de los casos, en su primera etapa, desaparece. Los fiscales federales toman el control de las investigaciones desde el inicio y ante detenciones deben llevar a los imputados a una audiencia oral y pública a muy breve lapso, como ocurre en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en el ámbito de la Justicia provincial.
Los juzgados federales dejan de tener la potestad de fijar fecha para las etapas del trámite, que pasan al control de un órgano de gestión extrajudicial, que realizan sus tareas no sujetos a criterios legales sino a mecanismos de ingeniería industrial. Los jueces dejan de tener personal y recursos a cargo. Muere el mecanismo del expediente. Cada instancia del trámite se realiza en una audiencia puramente oral, abierta al público y con las partes presentes.
Organizar esas audiencias necesita del trabajo de una oficina de gestión judicial para la que hoy día no hay cargos creados. Aunque puedan destinarse personal que hoy trabaja en juzgados, como ocurrió en el sistema penal santafesino cuando cambió el modelo en 2014, no hay absolutamente nada previsto como para empezar en dos días.
"Es una cosa desconcertante. Pero más allá de las valoraciones empezar este lunes es inviable materialmente", dijo una alta fuente de la Justicia Federal a este diario.
El ministro Cúneo Libarona pidió a las autoridades de las instituciones que concierne la medida que coordinen la puesta en marcha del sistema acusatorio con el Ejecutivo para la plena operatividad del nuevo modelo.
Lo que debe entrar en vigencia es el Código Procesal Penal de la Nación que fue sancionado en 2019 y que es implementado en una previsión progresiva en las provincias. Las primeras elegidas, y en las únicas que por ahora rige, es en Jujuy y Salta, hacia donde justamente algunos funcionarios federales rosarinos acudieron a una observación del sistema, completamente ajenos a que se venía esta novedad.
La mayor inquietud entre funcionarios judiciales locales es por la cantidad de oficinas y rutinas cuya actividad debe cambiar abruptamente para asegurar el arranque del nuevo Código Procesal y, sobre todo, los recursos económicos y humanos necesarios.
La preocupación también se expresó en el escalón gremial: la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) lanzó un comunicado, firmado por su secretario general Julio Piumato, en el que la entidad se declara en estado de alerta y movilización "ante la pretendida intención unilateral e inconsulta" del Ministerio de Justicia.
