El gobierno y sus aliados pulen acuerdos para sacar el megaproyecto

La Cámara de Diputados avanzó este jueves por la noche con el tratamiento de la ley ómnibus, en un largo debate que ya consumió dos días con un cuarto intermedio mediante, y con un clima enrarecido que se trasladó al recinto por la represión que se desató afuera del Congreso con el operativo que desplegaron la fuerza de seguridad contra los manifestantes que se movilizaron y concentraron en rechazo al megaproyecto que impulsó el presidente Javier Milei.

Cuando se intensificó la represión de la Policía Federal y la Gendarmería contra los manifestantes en las adyacencias del Parlamento, el bloque de Unión por la Patria (UP) solicitó un cuarto intermedio para que las autoridades de la Cámara y los propios diputados pudieran interceder para parar la represión. La moción fue rechazada por La Libertad Avanza y sus aliados de los bloques “dialoguistas” (UCR, PRO y Hacemos Coalición Federal), por lo que la sesión continuó con la lista de oradores.

Ante esto, diputados del Frente de Izquierda, de UP, los socialistas y la Coalición Cívica se retiraron del recinto para trasladarse a la calle para dialogar con los responsables del operativo de seguridad para que dejen de repartir palos y gases contra las personas que se estaban manifestando pacíficamente.

El operativo de seguridad volvió a estar en el centro de las polémicas. Cuando se retomó la sesión tras el cuarto intermedio del miércoles, diputados oficialistas y opositores se cruzaron por la represión que se desató en el primer día de debate, que culminó con cuatro mujeres detenidas (luego liberadas este jueves por la mañana) por sentarse en la calle a cantar el Himno Nacional.

Casi todos los bloques, salvo el PRO y LLA, criticaron el “exceso” con el que actuaron las fuerzas de seguridad por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su protocolo antipiquete, cuestionado por afectar la garantía constitucional del derecho a la protesta y de peticionar ante las autoridades.

Tras esas discusiones, la sesión intentó volver por los carriles normales en el debate de una ley que el oficialismo tendría garantizado la aprobación en general con el apoyo de los bloques dialoguistas, pero con varias disidencias en el articulado cuando se vote en particular.

Por estas horas, emisarios del gobierno negocian contrarreloj con la “oposición amigable” para aprobar la ley en particular y envió un nuevo texto con modificaciones para destrabar dos de los puntos que corrían riesgo de caer rechazados: privatizaciones y facultades delegadas.

También, pero por otro carril, el gobierno inició contactos con los gobernadores para debatir el paquete fiscal y separarlo de la ley ómnibus.

La nueva redacción, que incluye varios artículos nuevos, atiende muchos de los planteos de la oposición dialoguista. En el caso de las privatizaciones, el listado final de empresas que pueden ser vendidas bajó de 39 a 30. Estas incluyen tres empresas que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y Arsat, muy resistidas por la oposición dado que son consideradas estratégicas.

Entre las empresas que quedaron fuera de la lista se destacan Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de agua de Dionisio.

Por otro lado, el nuevo proyecto se divide en tres artículos, con sus respectivos anexos correspondientes, con listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales. Esta división puede facilitar que la oposición pueda votar negativamente en casos acotados, sin hacer caer todo el paquete. Por lo tanto, se acerca a la posición de quienes proponían aprobar “empresa por empresa” las privatizaciones, con control previo del Congreso, como propone el bloque de Pichetto y algunos radicales.

Superpoderes

En cuanto a las facultades delegadas, de las 11 que habían sido fijadas en el primer proyecto, sobreviven apenas seis: económica, financiera, tarifaria, energética, fiscal y administrativa.

Está en duda la de seguridad, pero también algunos gobernadores patagónicos se mantienen en vilo por las emergencias tarifaria y energética, ya que con esas facultades el gobierno podría suspender sin permiso el beneficio de “zona fría” para usuarios de gas.

Hay bloques de la oposición “amigable” que siguen reacios a darle “superpoderes” al presidente Milei, pese a que el gobierno cedió al reducir de dos a un año de plazo. Los seis diputados de la Coalición Cívica y un grupo de seis o siete legisladores liderados por Facundo Manes se resisten a entregarle al gobierno esta prerrogativa.

Será una negociación dura y una pelea artículo por artículo. Es tal la intensidad de la “rosca” política y el interés de Milei por sacar a toda costa esta ley ya desguazada (de los más de 600 artículos iniciales quedaron menos de la mitad) que ayer Karina Milei se trasladó al Congreso y no solo presenció la sesión desde uno de los palcos, sino que mantuvo reuniones en despacho de Martín Menem, titular de Diputados.

Frente a esto, todavía no habías un horario cierto para votar la ley en general. Se especulaba que podría ser en la madrugada del viernes. Luego vendrá el capítulo de la discusión por el articulado, en un debate que insumiría varios días más.