El gobierno uruguayo negó hoy que la pastera UPM contamine y aseguró que espera que Argentina no acuda al Tribunal Internacional de La Haya, luego de que el presidente José Mujica autorizara a la compañía el aumento de su producción.
El gobierno uruguayo negó hoy que la pastera UPM contamine y aseguró que espera que Argentina no acuda al Tribunal Internacional de La Haya, luego de que el presidente José Mujica autorizara a la compañía el aumento de su producción.
El vicecanciller uruguayo, Luis Porto, rechazó en diálogo con Télam y medios uruguayos que su país haya decidido de forma “unilateral” el aumento de producción de la pastera UPM hasta 1.200.000 toneladas porque considera que “cumplió con todos los pasos establecidos”.
“Uruguay cumplió con todas las cuestiones esenciales para que Argentina pudiera objetar pero en ningún momento hizo eso”, aseguró Porto en una improvisada ronda de prensa para dar los detalles de la carta que el canciller uruguayo Luis Almagro le hizo llegar este mediodía a su par Héctor Timerman a través del embajador argentino en Montevideo, Dante Dovena.
Porto rechazó también que la pastera de capitales finlandeses ubicada en Fray Bentos contamine el Río Uruguay, al asegurar que "de acuerdo al monitoreo conjunto UPM no contamina". Además, Porto reconoció que Uruguay planteó originalmente a Argentina autorizar a la empresa para llevar la producción de la planta a 1.300.000 toneladas anuales, lejos del millón autorizado por la Corte Internacional de La Haya.
"La solicitud del gobierno de Uruguay en su momento fue de 1.300.00 y eso es lo que nosotros consideramos que estamos habilitados para hacer". Consultado sobre la posibilidad de dar ese nuevo aumento en el futuro, respondió que "dependerá del poder ejecutivo y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), en base a las condiciones que el ejecutivo le ha impuesto a la empresa para ir subiendo a esas toneladas".
Además, en diálogo con la prensa, Porto aseguró que su país espera que Argentina "no vaya" a la Corte de La Haya tras la carta diplomática y que sí confía en que Buenos Aires "analice la situación, vea los fundamentos y busquemos una nueva instancia de acercamiento".
Las aseveraciones del vicecanciller uruguayo se dieron minutos después de que la presidencia de su país hiciera pública una respuesta al pedido del gobierno nacional para dejar sin efecto la autorización de más producción para UPM.
En la respuesta, firmada por el canciller uruguayo Luis Almagro, se afirma que "Uruguay ha actuado en todo momento conforme a sus obligaciones internacionales, particularmente las contraídas a través del Estatuto del Río Uruguay". Además asegura que se notificó a Argentina sobre el aumento de producción de UPM "en los plazos previstos".
Sobre el pedido de aumento de producción, Almagro señala que "la empresa presentó su solicitud ante las autoridades nacionales competentes conforme a la normativa aplicable, habiendo dichos organismos analizado la viabilidad medioambiental del proyecto".
El canciller uruguayo agregó que "el 15 de marzo de 2012, de acuerdo a lo que dispone el primer párrafo del artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay, la Delegación Uruguaya ante la CARU -a través de la Nota CARU 63/12-, presentó ante dicha Comisión la solicitud de incremento de la producción de la Planta Orión de UPM de 1.000.000 a 1.300.000 ADT por año".
También el número uno de la diplomacia oriental critica que "la solicitud fue analizada en la Sesión Extraordinaria de la CARU llevada a cabo el día 16 de abril, donde la Delegación Argentina se pronunció en contra de aprobar el pedido formulado, tal como lo recoge el Acta 03/12 de la misma fecha, prejuzgando sobre el proyecto y anticipando su oposición al mismo“.
“Ese mismo día, y de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 7 del Estatuto, la Delegación Uruguaya, -a través de la Nota CARU 90/12-, solicitó en nombre del Estado uruguayo que se notificara al Estado argentino la mencionada solicitud de ampliación de la producción de la empresa UPM", concluye. (Télam)
La norma ya fue publicada en el Boletín Oficial y establece sanciones que pueden llegar al arresto. Pero para aplicarla en la ciudad, el Concejo Municipal deberá aprobar una ordenanza de adhesión. El Ejecutivo enviaría su propio mensaje el próximo 15 de este mes.
Por Lucas Ameriso
Por Nicolás Maggi
