El gobierno provincial y la Corte Suprema llevan la disputa a la billetera y la "eficiencia"

Aún quedan brasas prendidas tras la reunión del domingo pasado a la mañana entre el Ejecutivo provincial y la Corte Suprema de Santa Fe. La discusión sigue encendida por la insistencia del gobernador Maximiliano Pullaro de hacer “eficiente” al Poder Judicial y, por supuesto, por la renovación del máximo tribunal.

Ni bien comenzó la reunión, Rafael Gutiérrez reprochó al gobierno provincial por acusar al Poder Judicial de ser “caro e ineficiente”. “Sí, el presupuesto es del 3,2 por ciento total, es un montón de plata”, respondieron, subiendo la apuesta. Eso, sin dudas, caló en la cúpula de la Justicia provincial porque este martes el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zona Sur, encargado judicial para responder públicamente, cuestionó esa frase.

“Frente a las acusaciones públicas de que el Poder Judicial es ‘caro e ineficiente’, queremos plantear que es mentira”, escribió en su cuenta de X la entidad que agrupa principalmente a magistrados de Rosario.

“El Poder Judicial al que se acusa de ‘caro’ tiene destinado el 3,5 por ciento del presupuesto. Utiliza solo 3,5 pesos de cada cien del fisco. El presupuesto 2024 representa el 53% del presupuesto asignado al Poder Judicial de Córdoba”, retrucó. Además, sostienen que la relación entre el total de cargos del Poder Judicial (4.700) con la población de Santa Fe resulta una de las tasas más bajas de toda la Argentina.

La Corte y los números

La cuestión presupuestaria es por las obras del Plan de Infraestructura Edilicia para el Poder Judicial. El tribunal reclama que no corten recursos y amplíen el presupuesto para no parar las obras, mientras que en Hacienda dicen que se gastaron todo lo asignado en el primer semestre.

Lo salarial no está en discusión, incluso en los pasillos de tribunales sostienen que se cumple a término con los aumentos de la ley enganche, aunque reclaman algunos retroactivos pasados.

Hasta junio se incluía la acumulación de retroactivos en la ampliación presupuestaria. Ahora el aumento es hacia adelante. Para, colmo este martes llegó el "reenviado muchas veces" de WhatsApp que circula, casi mensualmente, con las actualizaciones salariales autorizadas por la Casa Rosada a la Corte nacional, de la cual se enganchan en Santa Fe. Esta vez, es 3,5 por ciento para julio y 3% para agosto.

El Colegio de Magistrados en su último tweet dejó de lado los números e hizo un tiro por elevación al gobernador: “Además, es la Justicia santafesina la que detuvo a las bandas narcocriminales que operaban en este territorio, con valentía y sin evadirse por la tangente de la jurisdicción federal del narcotráfico. Soportando amenazas y balaceras. No fue el Poder Ejecutivo, fue la Justicia”.

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El gobierno reclama un nuevo itinerario -ya le entregaron uno en febrero- pormenorizado sobre qué productividad tiene cada juzgado, cuántas sentencias sacaron, cuántos expedientes, qué retrasos. El Ejecutivo aborda la situación con una interpretación exclusivamente cuantitativa de la Justicia, aunque parece ser sólo una parte de la prestación del servicio.

Todos esos datos serían procesados para responder por las vacantes que le demanda con efusividad el Poder Judicial porque asegura que ya afecta al normal funcionamiento del servicio. Llegado el caso, en el gobierno podrían avanzar con menos vacantes de las que les piden. “¿Por qué vamos a concursar 90 si hacen falta efectivamente 30?”, se preguntan. Sin embargo, Gutiérrez se fue con un compromiso de cubrir cargos.

Renovación de la Corte

La nueva realidad que plantean para la eficiencia en recursos busca, en el fondo, recaer en la cúpula del Poder Judicial con la renovación de la Corte. Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, María Angélica Gastaldi y Rafael Gutiérrez están en esa mira por superar los 75 años. Mario Netri ya adelantó su salida y Daniel Erbetta tiene menos que ese límite de la Constitución nacional.

Justamente, la discusión pasa por la edad. El gobierno santafesino está convencido de que tiene los argumentos legales suficientes para justificar con jurisprudencia, incluso creen que no habría margen para introducir amparos u otros recursos. “Eso está cerradito desde lo técnico y lo jurídico”, dicen con confianza en el gobierno, que puede ser leída como excesiva.

¿En qué situación se está la renovación? Es un hecho que el proceso avanza por más resistencia que exista de la Corte. El gobierno hace trascender que hasta habría una iniciativa para firmar un decreto agradeciendo a los jueces por los años de servicio e invitándolos a acceder al beneficio jubilatorio, pero nadie lo confirma. Se limitan a decir que “los plazos están corriendo, el tiempo está pasando", y que "es un proceso de cambio que está andando”.

Si en algún momento de la gestión existió una alternativa para charlar las salidas, sobre todo cuestión de tiempos, ahora en el gobierno aclaran que no hay negociación alguna. La posición de los cortesanos también se endureció. En el pullarismo hablan de “búsqueda de diálogo”, algo que sugiere solo una puerta entornada.