El FdT pidió la exclusión de Milman de la Cámara de Diputados

Diputadas nacionales del Frente de Todos (FdT) pidieron ayer que sea excluido de la Cámara baja el legislador del PRO Gerardo Milman por “inhabilidad moral”, debido a que lo consideran involucrado en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y en el delito de dádivas cuando fue funcionario del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Juntos por el Cambio.

Mediante un proyecto de resolución, las diputadas Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic sostuvieron que los hechos que se investigan contra Milman en la Justicia “sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina”, por lo que afirmaron que “su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”.

El martes último, en un acto en el partido de Avellaneda, la vicepresidenta Fernández de Kirchner había asegurado que “hay una patente de impunidad para todo aquel que no sea peronista” y apuntó contra Milman, quien fue involucrado en la investigación por el intento de magnicidio y continúa ejerciendo su cargo en la Cámara baja.

“¿Qué pasa cuando nos enteramos por medios de comunicación que el señor, siendo integrante de la Comisión de Seguridad, tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad?”, se preguntó la vicepresidenta sobre Milman, y añadió que “hay una patente de corso e impunidad para todo aquel que no sea peronista, y para todo aquel que lo sea se le inventan cosas”.

En el proyecto presentado por las legisladoras del FdT se solicita “excluir” a Milman del cuerpo, según “lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución nacional”.

Ese artículo establece que la Cámara “tiene la potestad de corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, removerlos por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, e incluso excluirlo de su seno”.

En los fundamentos las legisladoras señalaron que “el involucramiento de Milman en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta está lejos de ser esclarecido” y que “por el contrario, se encamina hacia la impunidad si es que no hay una toma de conciencia por parte de funcionarios judiciales, políticos y de la sociedad toda de la gravedad a la que asistimos”.

Las legisladoras consignaron que “el 30 de agosto de 2022, Milman fue oído por un testigo en el bar «Casablanca», en las inmediaciones del Congreso de la Nación, diciéndole a dos de sus asesoras que «cuando la maten, voy a estar camino a la costa»”.

Y añadieron: “Las investigaciones surgidas en el expediente a cargo de la jueza federal María Eugenia Capucchetti indican que en efecto Milman se encontraba ese día con sus asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, en el bar en cuestión, en el horario indicado; y que durante el atentado se encontraba en la ciudad balnearia de Pinamar, realizando actividades partidarias”.

También citaron un escrito presentado por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal “solicitando la recusación de la jueza Capuchetti” y en el que se “llamó la atención sobre Hernán Carrol, quien fuera ex candidato a concejal en La Matanza. El mismo estuvo en contacto con los autores materiales del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, antes y después del atentado, y fue además nombrado por Montiel como quien debía hacerse cargo de su defensa”.

“Según el escrito, Carrol habría realizado varios viajes al exterior con Angel Villares, el Jefe de Gabinete de la Dirección de Inteligencia Criminal a cargo de Milman en el Ministerio de Seguridad”, indicaron las legisladores del FdT.

Las diputadas argumentaron también el pedido de inhabilidad moral en una serie de asesoramientos de Milman en temas de seguridad, y entre ellos hicieron mención a que el 1º septiembre de 2022 facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, “entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra”.

También hacen referencia al “uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado” y consideran que esa situación “entra en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de esta Honorable Cámara, tal como se desprende del art. 15 de la Ley Nº 5.188 de Etica Pública referido al deber de abstenerse de intervenir respecto de cuestiones particularmente relacionadas con su interés particular”.

Las diputadas destacan “los sospechosos contratos de alquiler del diputado Milman, por resultar inexplicables en relación a sus ingresos como diputado nacional”, y entre ellos mencionan una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz en un club exclusivo por el cual habría pagado USD 37.000 por nueve meses y expensas por $120.000 y una casa en Pinamar por USD 12.000 por mes.

En este contexto la Justicia federal también dispuso que sea investigado para determinar si recibió “dádivas”.

En tanto, el bloque de diputados del PRO rechazó las imputaciones contra Milman y acusó al oficialismo de realizar “una condena al margen de la Justicia” y “montar un show electoralista”.

“El kirchnerismo está montando un show electoralista y dictamina, de antemano, una condena al margen de la Justicia contra Milman y la diputada provincial Florencia Retamoso, a los fines de equiparar el sistema de corrupción que se investiga en los Tribunales y que los jueces, en sus respectivas instancias, han condenado a numerosos funcionarios del partido gobernante”, advirtió la bancada del PRO en un comunicado.