El proceso de designación de autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sigue sumando polémicas. La oposición quiere saber si uno de los jurados titulares del concurso para fiscal general y fiscales regionales usaba como domicilio legal el estudio del secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, apartado del procedimiento por el gobernador Omar Perotti.
En las últimas horas trascendió que Arsenio Domínguez, representante del Colegio de Abogados de Venado Tuerto, tramitaba causas en la ciudad de Santa Fe en Junín 2982. Allí funciona el estudio jurídico Somaglia-Bezombe.
Frente a esto, diputados provinciales y funcionarios de la Casa Gris tendrán este mediodía una reunión en la que solicitarán de manera urgente una reunión con la ministra de Gobierno, Celia Arena.
“Nos dijeron que hoy al mediodía viene (el secretario de Gobierno Oscar) Urruty para armar una reunión institucional para encauzar el procedimiento”, dijeron desde las bancadas opositoras.
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Arena y el fiscal de Estado, Rubén Weder, son las dos personas nombradas por el gobernador para conducir el proceso de selección de los responsables del MPA y del Servicio Público de Defensa Penal.
De no concretarse a la brevedad -a más tardar, la semana próxima- la reunión con Arena y Weder, los diputados opositores avanzarán en la sesión de esta tarde con un pedido de citación a ambos funcionarios.
Días atrás, Perotti removió con un decreto a Somaglia del procedimiento luego de que la oposición denunciara que el proceso de sorteo de los jurados había sido opaco y que no convalidarían un trámite que no fuera transparente.
A eso se sumó que Somaglia apareció en audios filtrados de la causa sobre presunto espionaje ilegal en los que el secretario de Justicia dice haber logrado “limar muchísimo” y “hacer zafar” en el marco de investigaciones judiciales.
Luego de la difusión de los audios al menos seis jurados se corrieron del concurso del MPA y el SPDP.
Entre ellos están Alejandro Slokar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal; la jueza federal Ana María Figueroa, presidenta de la Sala I de la Casación Federal de Casación Penal, y Angela Ledesma, jueza de Cámara Federal de Casación.
Tanto Slokar como Figueroa formaban parte con Domínguez del jurado titular del concurso para cubrir la Fiscalía General y las cinco Fiscalías Regionales.