Por Mariano D'Arrigo
La Cámara de Diputados de la provincia, caja de resonancia de la pulseada entre el oficialismo y la oposición por la designación de las autoridades del MPA.
La Cámara de Diputados de Santa Fe será escenario hoy de una sesión caliente. Los platos fuertes de la jornada serán el procedimiento para designar a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la causa que investiga supuesto espionaje ilegal en la provincia y que tiene a Marcelo Sain otra vez en el centro de la polémica.
Desde el bloque del Partido Socialista (PS) pedirán que se cite a la ministra de Gobierno, Celia Arena, y al fiscal de Estado de la provincia, Rubén Weder.
Días atrás, el gobernador Omar Perotti había desplazado al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, del proceso para nombrar a los principales funcionarios del MPA y del Servicio Público de Defensa Penal (SPDP). Y designó en su lugar a Arena y a Weder.
“Queremos que los principales responsables informen cómo sigue el trámite y cuáles son las garantías de transparencia”, dijeron en la bancada del PS.
Al cierre de esta edición los referentes socialistas conversaban con los jefes de los otros bloques para darle mayor volumen a la movida y debatían sobre cuál era el mejor mecanismo para convocar a ambos funcionarios.
Lo que es seguro es que la oposición, que domina con comodidad la Cámara, cuenta con los números para citar a Arena y a Weder y saldrá con los tapones de punta en la sesión de esta tarde.
Antes de la proliferación de audios de Sain, en las filas opositoras venían cuestionando un trámite que, a su entender, es opaco.
Hace tres semanas, más de treinta legisladores cuestionaron el método de selección de jurados para concursos y los requisitos que estableció la Casa Gris. “No aceptaremos el resultado de un proceso que esté viciado por sospechas, rumores y faltas de transparencia”, advirtieron en su momento.
Se trató de una señal política fuerte, ya que la Asamblea Legislativa -también dominada por radicales, socialistas y aliados- deberá avalar a los nombres para cubrir la Fiscalía General y las cinco Fiscalías Regionales.
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Tras la difusión de audios en los que Somaglia dice haber logrado “limar muchísimo” y “hacer zafar” en el marco de investigaciones judiciales, al menos seis jurados se corrieron del concurso del MPA y el SPDP.
Entre ellos están Alejandro Slokar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal; la jueza federal Ana María Figueroa, presidenta de la Sala I de la Casación Federal de Casación Penal, y Angela Ledesma, jueza de Cámara Federal de Casación.
“El gobierno tiene que oxigenar el proceso. Por ejemplo, nombrando nuevos jurados o reabriendo inscripciones, si es necesario”, señalaron en la Legislatura.
Por más que en cada centro de poder tienen sus nombres favoritos, nadie quiere inclinarse públicamente por ningún candidato. “Si alguien dice que quiere que sea una determinada persona, la quema. Todos vamos a mirar las entrevistas, que son públicas, pero nadie de la política va a mover un dedo hasta que se armen las ternas”, adelantaron.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
En paralelo al largo y sinuoso camino que desembocará en la designación de las personas que estarán a cargo de la investigación penal a partir de 2023, transcurre la investigación judicial sobre presunto espionaje ilegal.
Una de las cartas que puede jugar la oposición es citar a Weder. Desde febrero la provincia es querellante en la causa y en la Legislatura quieren saber, entre otras cuestiones, qué pruebas aportó el Ejecutivo a la investigación.
De todos modos, admitieron en la mayoría no peronista, que todo dependerá de lo que suceda en la demorada audiencia imputativa. Esa instancia podría desarrollarse en algún momento de octubre, casi un año después del megaoperativo en las sedes del ministerio de Seguridad que encabezaron los fiscales Mariela Jiménez hoy jubilada- y Ezequiel Hernández.
“Eso va a subir la temperatura política. Y de eso dependerán las repercusiones institucionales”, señalaron.
La norma ya fue publicada en el Boletín Oficial y establece sanciones que pueden llegar al arresto. Pero para aplicarla en la ciudad, el Concejo Municipal deberá aprobar una ordenanza de adhesión. El Ejecutivo enviaría su propio mensaje el próximo 15 de este mes.
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