El presidente del Colegio de Procuradores de Rosario, Carlos Santilli, participó este miércoles de la firma del acta del programa Santa Fe + Justicia, que reunió a representantes de los tres poderes del Estado en la apertura del año judicial.
El gobernador Perotti estuvo reunido con los titulares de los Colegios de Procuradores de Rosario y Santa Fe.
El presidente del Colegio de Procuradores de Rosario, Carlos Santilli, participó este miércoles de la firma del acta del programa Santa Fe + Justicia, que reunió a representantes de los tres poderes del Estado en la apertura del año judicial.
“Estuvimos con el presidente del Colegio de Procuradores de Santa Fe, Fabián Grassino, rubricando el acuerdo. Al final de la reunión el gobernador Omar Perotti nos dijo que contaba con nosotros para encarar estas reformas en la Justicia. Nosotros, a su vez, agradecimos la convocatoria y obviamente quedamos a disposición para aportar desde las instituciones que conducimos”, relató Santilli.
El titular del Colegio de Procuradores rosarinos expresó que tienen muchas expectativas por la convocatoria, ya que son muchos los temas en los que pueden aportar dado su rol de representantes de los auxiliares de Justicia. Al mismo tiempo, destacaron que es la primera vez que son invitados a un proyecto de este tipo.
De acuerdo con lo informado por el Estado provincial, además de los colegios de Procuradores, el acuerdo incluye a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público de la Acusación (MPA), al Servicio Público Provincial de Defensa Penal, la Federación de los Colegios de Abogados, Colegio de Magistrados; las facultades de Derecho de las universidades Nacional del Litoral y Nacional de Rosario, de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Universidad Católica Argentina de Rosario, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe y las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia.
El acta firmada define una serie de acciones para lograr los objetivos, que propone el programa Santa Fe + Justicia, a través del cual el Estado procure todas las soluciones posibles para aquellos sectores en condiciones de vulnerabilidad, sin posibilidad de acercamiento y conexión a las áreas de justicia formal.
El primer punto del acuerdo refiere a la informatización y digitalización del Poder Judicial. El segundo aspecto del acuerdo está referido a la información ciudadana. El tercer ítem apunta al abordaje del mapa judicial, desafío que plantea la necesidad de valorizar y atribuir una mayor competencia a los juzgados comunitarios de pequeñas causas.
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