La actualidad político-institucional de Santa Fe se convirtió este martes en la contracara de la que brinda el estado nacional. Al menos por unas horas y mientras se realizó el acto oficial de apertura del año judicial 2021, con un acuerdo firmado por los tres poderes en el que se plasman lineamientos para mejorar el servicio de justicia. “Santa Fe+Justicia” se trata de un “programa que tiene como premisas la inclusión e integración ciudadana junto con el mayor acceso a la justicia e información ciudadana”, según reza el preámbulo de la declaración.
Y eso pasó en la provincia, en un año electoral y a pocas horas de que las que desavenencias en el país provocaron la eyección del gabinete del presidente Alberto Fernández de su ministra a Justicia, Marcela Losardo.
La referencia es ineludible dado el alto contraste entre lo sucedido en el país y lo que que se plasmó este mediodía en la capital santafesina, durante el protocolar acto que formaliza la actividad regular los tribunales provinciales y la asunción del nuevo presidente que conducirá a la Corte Suprema durante el año.
Y este habría el sino de la reunión: la asunción del rosarino Roberto Falistocco, electo para 2021 por sus cinco pares. Lógico y previsible además en un año electoral, dado que el presidente de la Corte es simultáneamente el titular del tribunal electoral provincial. Dada su larga trayectoria, es Falistocco a quien se reconoce una vasta experiencia en la materia. Sobre todo en una año como el corriente en el que hasta el mismo llamado a la urnas parece estar en esta en entredichos aún.
Adaptado a las disposiciones vigentes en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) causado por la pandemia de Covid-19, a las 13,05, con media hora de retraso, el gobernador Omar Perotti junto Falistocco presidieron la ceremonia formal en el salón de actos del primer piso del palacio de Justicia en la ciudad de Santa Fe.
Estuvieron allí los restantes ministros del alto tribunal: Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Daniel Erbetta, y el Procurador General, Jorge Barraguirre.
La presencia de la vicegobernadora, Alejandra Rodenas; del presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz; el fiscal general titular del MPA, Jorge Baclini; la titular del Ministerio Publico de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione; los decanos de las cuatro facultades de derecho; los titulares de los cinco colegios de abogados como signatarios también de la declaración institucional: “Santa Fe + Justicia: desafíos para la Justicia santafesina”, terminó de legitimar el carácter inédito del acto y la ambiciosa aspiración del documento.
Como luego dijera en su discurso Falistocco, el mismo fue producto de un trabajo a propuesta del Ejecutivo en que se involucraron desde octubre pasado todos los actores que ayer lo suscribieron.
Falistocco comenzó haciendo hincapié en la manda del preámbulo de 1853 de “afianzar la justicia inspirado en su antecedente de Filadelfia que dice instaurar la justicia” para luego mencionar el concepto de la filosofía clásica según el cual “justicia es dar a cada uno lo suyo, lo que presupone la existencia de normas que determinan que lo suyo de cada uno”. En la Constitución de 1853 “aunque se usó otro verbo se quiso instaurar, crear, la justicia que como dijera Sarmiento estuvo sometida mucho tiempo a caprichos sangrientos”.
El presidente de la Corte renovó su anhelo por ver plasmada una escuela justicia provincial, el uso de un lenguaje llano que permita a todos los ciudadanos entenderlo y con ello garantizar el servicio real de justicia; se pronunció por cambiar la insuficiencia de las leyes para cambiar una deficiencia ancestral respecto de la desigualdad de las mujeres y celebró la obligatoriedad en la capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios del Poder Judicial. Y enfatizó que “la igualdad es la raíz esencial de la justicia”
De este modo, el Ejecutivo, el Legislativo y el propio Poder Judicial confluyeron en un compromiso que otorgó a la ceremonia una expectativa mayor a futuro que el que se daba, habitualmente al formal discurso del presidente de la Corte.
El acta acuerdo se enmarca en el compromiso de abordar 7 desafíos que, según, las partes “un mejor acceso a la justicia”.
Esos desafíos son:
1) Informatización y digitalización del Poder Judicial. “La conectividad, como herramienta para el acceso a la justicia en la geografía provincial, resultará vital para fortalecer, mejorar y hacer crecer a la justicia comunitaria”, dice y que “debe ser acompañado, no sólo en las áreas civil, comercial y laboral, sino encararse seria y definitivamente en el proceso penal, en su enlace con el Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal”.
2) Información ciudadana. Buscará “paliar la dispersión entre la información ciudadana y estatal, de registros sobre datos humanos y sobre bienes gestionados desde distintas oficinas y jurisdicciones estatales. EL desafío es consolidar una unidad de organización que contenga todos los datos que instruya el Estado en sus diversos quehaceres, ámbitos y jurisdicciones para concentrar no sólo su acción sino una más fácil y ágil acceso a la información”.
3) Abordaje del Mapa Judicial. Plantea la necesidad de “valorizar y atribuir una mayor competencia a los Juzgados Comunitarios de Pequeñas causas, cuya jurisdicción merece su atención y evaluación de un diseño actual incorporado al proceso de informatización y comunicación virtual a fin de dotarlos con mayor competencia”.
Desafíos procesales. Habla de los consenso que se requieren para avanzar hacia nuevas normas. A saber:
4) Código para consumidores. “Advirtiendo -dice el documento firmado ayer- un creciente número de conflictos que se originan cuando el ciudadano participa en el mercado de consumo, donde el aspecto dominante de la vinculación lo tienen empresas proveedoras masivas de bienes, productos y servicios, obligando a repensar esta correlación de fuerzas a través de un Estado presente, que induzca a un ámbito ecuánime de diálogo y moderación, facilitando la solución pacífica de los conflictos originados en la relación de consumo”.
5) Código Electoral y otro que consolide los Procesos Constitucionales. Teniendo en cuenta que la vinculación de los ciudadanos y el Estado en el orden público, “tiene que ver con la carga que tiene cada uno de ellos en participar en los procesos electorales, para conformar sus propios gobiernos, lo cual requiere contar con una normativa ordenada, actualizada y única en relación a la regulación de la organización de las elecciones provinciales y las características de la participación política de la ciudadanía”.
6) Código Procesal Penal Juvenil, Ley de Ejecución Penal y una ley de Víctimas de delitos atendiendo la perspectiva de género. “El sostenido incremento de hechos delictivos, muchos de ellos protagonizados por jóvenes entre 16 a 18 años de edad. Ante esta realidad, el Estado debe asumir un doble rol: contar con una normativa acorde a la justicia penal adolescente que reconozca sus derechos y garantías del debido proceso a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley penal, y asegurar que el cumplimiento de la pena se desarrolle dentro de los parámetros que fija la convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes”.
Falistocco cerró exhortando a reflexionar sobre que “la ciudadanía -que demanda una mayor identidad ética de sus autoridades incluida la judicatura-no puede dejar de confiar en sus jueces y por eso no podemos hacer oídos sordos a la falta de legitimidad que padecen las autoridades en occidente y de ello no escapan los poderes judiciales”.
