Con la tercera jornada realizada en la Facultad de Derecho de Rosario (UNR), culminó el ciclo de debate sobre la economía del delito organizado por la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe. En la oportunidad, el eje de discusión fue la investigación y sanción penal de los delitos económicos, y expusieron sobre el tema Jorge Baclini, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA); Fernando Arrigo, fiscal general federal a cargo de la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones de Rosario; Bibiana Alonso, jueza penal de Cámara de la provincia de Santa Fe; y Alejandro Catania, juez nacional en lo penal económico de Buenos Aires.
El objetivo del ciclo fue abordar uno de los grandes desafíos de la época para el Estado en todos sus niveles y también para la sociedad civil: la utilización de los mercados y la economía con fines ilícitos e ilegales, en muchos casos de manera vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Pablo Farías, celebró el hecho de “haber puesto en agenda una problemática que es de preocupación máxima para todo el sistema penal y también para quienes vemos cómo se reproduce la situación de inseguridad generada por las bandas delictivas y las cifras de dinero que manejan, lo que hace que sean cada vez más difíciles de atacar”.
Por su parte, la diputada provincial Lionella Cattalini, impulsora de la realización de las jornadas, remarcó “la importancia de abordar la temática para poder definir una política de seguridad multidimensional y perseguir a quienes obtienen dinero a partir del delito, algo que necesariamente requiere de firmes acuerdos políticos entre todos los niveles del Estado”.
Además, del acuerdo en los tres niveles del Estado —local, provincial y nacional—, Farías puso el acento en relación a “las normas que son necesarias para atacar estos delitos. Por eso destacamos la respuesta de las instituciones convocadas y la participación de los representantes de la justicia provincial y federal. Ahora el trabajo continuará con el tratamiento de iniciativas que han sido presentadas en la Legislatura provincial y el Concejo de Rosario”, señaló.
El ciclo de debates contó con el acompañamiento de colegios y consejos profesionales de abogados, contadores, corredores inmobiliarios, federaciones de mutuales, universidades públicas y privadas e instituciones intermedias vinculadas a la materia.
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Equipos formados, articulación y tecnología
En su exposición, la jueza Alonso —quien en su momento ratificó las condenas por asociación ilícita, homicidios, encubrimientos y cohecho a los cabecillas de Los Monos—, sintetizó de alguna manera lo que fue el objetivo de la actividad: “Es bienvenida la propuesta de trabajar desde la economía del delito porque es una puerta de entrada que nos puede ayudar a avanzar en este tipo de trabajo. Estoy convencida de que primero se establecen los compromisos y después aparecen las herramientas para perseguir estos delitos que son tan complejos. Celebro estos espacios de intercambio de opiniones y herramientas”, afirmó.
En ese aspecto, el fiscal federal Arrigo rescató una visión que sobrevoló a los encuentros: “Veamos qué podemos hacer con lo que tenemos y a partir de ahí empecemos a construir una política con los actores involucrados”, recomendó el fiscal y, a modo de ejemplo, puso de relieve el trabajo en conjunto con los funcionarios del MPA en el reciente juicio contra el líder narco Esteban Alvarado.
Alonso también celebró “el actual compromiso de la justicia federal para trabajar en forma articulada con la provincial”, algo que según dijo no sucedió en la causa contra la banda narco-criminal encabezada por el clan Cantero.
La magistrada también trajo a colación la participación ventajosa, para la persecución criminal, de organismos técnicos especializados como la Afip en causas penales tributarias a nivel federal y como un problema para la defensa de esos casos.
A su turno, Baclini se inclinó por “la provincialización de las unidades fiscales de investigación, de modo que se pueda compartir la información sobre los delitos de Rosario con fiscales locales pero también de otras jurisdicciones”, y como se escuchó a lo largo de las jornadas, apuntó: “Es fundamental formar equipos de apoyo altamente capacitados en el análisis contable y económico, y la elaboración de guías de trabajo específicas. Enfrente hay estructuras muy profesionalizadas; las unidades fiscales deben espejarse en esas estructuras”.
Junto con Arrigo, coincidió en señalar el problema del dinero ilegal que sigue circulando y fomentando delitos violentos, y en la necesidad de “secar de fondos” a las grandes organizaciones criminales, por ejemplo, las que hoy siguen ordenando ataques aún con sus jefes cumpliendo penas en las cárceles de Rosario.
En este punto, el fiscal federal se refirió al proyecto que reforma la ley de Lavado de Activos que recientemente envió el gobierno al Congreso Nacional “para modificar el inciso tercero de artículo 303 del Código Penal, a fin de sancionar al que poseyera activos ilícitos como responsable de una conducta penal, más allá de las pruebas que se consigan para establecer la ruta y los sujetos involucrados con esos bienes”. Al respecto, destacó la importancia de acudir a las bases legislativas, doctrinarias y jurisprudenciales del Derecho Civil y Comercial: “Sin debate de una buena técnica legislativa esto sería realmente un problema. Parecería ser bastante polémico en términos de que una simple posesión parecería llevar a un hecho criminal”.
Catania, por su parte, apuntó otro aspecto que atenta contra la persecución de los delitos económicos: “La ciudadanía no siempre estigmatiza este tipo de ilícitos, salvo los que tienen que ver con estupefacientes. Se aceptan discursos que implican que luego no se hagan denuncias y mientras tanto, estos delitos se vuelven cada vez más complejos y difíciles de probar”.
En este punto, Baclini añadió que “muchas veces los delitos económicos son cometidos por personas de alto nivel socio-económico, con relaciones políticas y administrativas que generan influencias importantes en cuanto a la información para las investigaciones. En la provincia de Santa Fe la reticencia para brindar información genera muchas dificultades investigativas”, resaltó.
En ese marco, al igual que otros expositores, Catania marcó la necesidad de “un ojo experto” para detectar la ilegalidad, que “ya fue cometida con un asesoramiento técnico jurídico y contable previo, por lo que la justicia llega tarde desde un principio”. También remarcó la importancia de contar con tecnología avanzada, “sin la cual es entrar a la cancha perdiendo de antemano. Si no contamos con la misma tecnología que quien comete los crímenes, no vamos a poder mejorar la persecución”.
En el marco de las jornadas, también fue un punto alto de debate la relación entre la política criminal y la política económica de los Estados ante las necesidades monetarias y de recursos de los gobiernos, el impacto de la inflación y las problemáticas derivadas de las amnistías o moratorias fiscales.
Como conclusión, quedó de manifiesto la importancia de tener una cosmovisión de trabajo integral e interdisciplinaria, así como también de la capacitación sobre el funcionamiento del sistema económico, financiero y tributario, y sobre cómo la intervención sin estos conocimientos del sistema penal o de política criminal –por caso, el impacto de las normas de Compliance en relación a las imputaciones penales–, puede llegar a distorsionar la propia economía, la sociedad y al propio Estado que depende de la recaudación de las empresas de su economía.
