Atentos al poder creciente de Santiago Caputo, los diputados nacionales por Santa Fe Mónica Fein y Esteban Paulón proponen modificar la ley de ética pública para regular el accionar de los consejeros presidenciales.
Fein y Paulón impulsan que los asesores presenten una declaración jurada obligatoria. El estratega de Milei está exceptuado, porque tiene un contrato de locación de servicios
Atentos al poder creciente de Santiago Caputo, los diputados nacionales por Santa Fe Mónica Fein y Esteban Paulón proponen modificar la ley de ética pública para regular el accionar de los consejeros presidenciales.
Según detallaron desde el socialismo, el proyecto apunta a ”quienes públicamente negocian y toman decisiones con atribuciones propias del presidente y bajo la figura de contratos monotributistas”.
Caputo integra lo que Javier Milei llamó “el triángulo de hierro”, junto al presidente y su hermana Karina. El estratega ejerce una influencia sobre áreas sensibles de la administración nacional, como la comunicación y los servicios de inteligencia, pero tiene un contrato de locación de servicios.
Fein manifestó que la propuesta busca regular y transparentar el accionar de la Alta Dirección Pública (ADP). “La Oficina Anticorrupción continúa sin modificar la interpretación legal y es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no. No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas sobre su patrimonio antes, durante y después de su función pública”, expresó la exintendenta de Rosario.
Según Paulón “el caso de Santiago Caputo es el más llamativo. La semana pasada veíamos como Macri en declaraciones televisivas hablaba del control del poder y del gobierno que tiene Caputo quien, en los registros, aparece como un simple monotributista contratado”.
El proyecto presentado por los legisladores socialistas -integrantes del bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Pichetto- intenta llevar claridad a la forma de vinculación entre los funcionarios y el Estado, en cumplimiento con la Constitución nacional y los Tratados Internacionales contra la corrupción, indicaron.
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“Nos alarma que, según las normativas vigentes, personas en cargos como el de Caputo no estén obligadas a presentar una declaración jurada de bienes, limitando la información pública y favoreciendo la posibilidad de corrupción y tráfico de influencias. Con este proyecto queremos impedir que quienes manejan áreas clave del gobierno puedan actuar sin transparencia ni controles”, concluyó el legislador.
El proyecto propone la modificación de la ley de ética pública, incorporando incisos específicos en lo relativo a la Alta Dirección política, estableciendo con claridad las competencias y responsabilidades de las y los funcionarios que se desempeñan en esas tareas.
Asimismo determina la obligatoriedad de presentación de declaración jurada de bienes para todas las funcionarias y funcionarios, independientemente de la modalidad de contratación.