Hace tres años la Legislatura de Santa Fe, con dos leyes sucesivas, se otorgó la potestad exclusiva de aplicar procesos disciplinarios a los fiscales provinciales de primera instancia, lo que era facultad del Poder Judicial. La Cámara Laboral de Rosario determinó que esa norma, la ley 13.807, invade la división de poderes y es inconstitucional. La resolución tiene un fuerte efecto en todo el régimen que pone en manos de diputados y senadores la atribución de examinar y sancionar presuntas inconductas o mal desempeño de fiscales y defensores.
El fallo se dictó frente a un pedido de nulidad elevado por Adrián Spelta, fiscal jefe de Homicidios de Rosario, que tiene abierto un proceso disciplinario en la Legislatura por haber acordado una excarcelación a Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, implicado junto a su hermano en un intento de triple homicidio en un incidente con un contexto de narcomenudeo. Sandoval fue asesinado cuando cumplía prisión en un domicilio en octubre del año pasado.
Spelta en su momento elevó a la Justicia un recurso de amparo señalando que la ley con la que habían remitido su caso a la Legislatura era inconstitucional, por lo que su desempeño no podía ser evaluado por los legisladores. En esto los vocales Lucía Assef, Adriana Mana y Fernando Marchionatti, de la Sala II de la Camara Laboral de Rosario, le acaban de dar la razón.
El más importante de los argumentos es que el Poder Legislativo invadió, al darse esta ley, facultades propias del Poder Judicial. Esto impacta fuerte en momentos en que hay otros funcionarios fiscales con procesos abiertos en la Legislatura provincial, como Mauro Blanco y Gustavo Ponce Assahad.
La camarista Assef destaca que la ley objetada por la Cámara implica la intromisión del control político, con violación de la independencia y autonomía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que son las fiscalías, de parte de los legisladores, que en 2017 se dieron esta norma por unanimidad y votándola a libro cerrado, es decir, sin debate.
La Cámara Laboral hace alusión a la recepción crítica y negativa que esta norma, que no tiene parangón en ninguna provincia del país, tuvo en una veintena de instituciones pertenecientes al mundo académico, institucional y gremial de jueces, fiscales, defensores y abogados, que se dirigieron al entonces gobernador Miguel Lifschitz “mediante comunicados públicos o misivas directas, alertándolo sobre la inconveniencia y el peligro de sancionar esta ley”.
Según indica la resolución, “se encuentran comprometidas garantías constitucionales insoslayables y hasta la mismísima permanencia del actor en su función, por lo que se advierten en juego posibles lesiones a la estabilidad e independencia del funcionario”. Se refiere a Spelta, que es quien elevó el amparo, pero el “perjuicio irreparable” que puede producir el avance del caso también podría afectar a los demás fiscales que hoy tienen procesos abiertos en la Legislatura.
La camarista Assef ya se había pronunciado críticamente frente a un recurso similar elevado a la Justicia por los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack cuando salió la primera ley. Estos dos funcionarios fueron desplazados de sus cargos cuando tenían la investigación de causas penales económicas contra cuatro senadores provinciales santafesinos. Assef repite ahora, al considerar el amparo de los fiscales, lo que ya dijo en el caso del amparo de Narvaja y Mac Cormack: que era gravísima la posibilidad de que un cuerpo eminentemente político utilizara el enorme poder que se les otorga a sus miembros para disciplinar a funcionarios fiscales, lo que viola la garantía del debido proceso.
La Corte Suprema señaló que ese recurso había perdido sentido por un cambio de ley que modificó levemente la primera por lo que no se pronunció sobre la constitucionalidad de la primera ley. Pero el ministro Daniel Erbetta hizo un dictamen en disidencia recogiendo el voto de la camarista Assef que le daba la razón al amparo de Narvaja, y advirtiendo sobre el propósito de contralor político que estas leyes le aseguraban a los legisladores que pudieran sentirse molestos con investigaciones penales en su contra.
El fiscal Spelta se encuentra actualmente con pedido de suspensión por 90 días por un dictamen unánime de la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura. Eso fue en base a la ley que la Cámara Laboral de Rosario acaba de declarar inconstitucional.
Este caso particular está llamado a tener impacto en otras investigaciones a fiscales que actualmente están bajo análisis en la comisión de Acuerdos de la Legislatura o bien a disposición del cuerpo para su definición, como los de Mauro Blanco y Gustavo Ponce Assahad.
