Diego Giuliano reclama la emergencia hídrica: "Las inundaciones de El Niño no nos esperan"

El diputado nacional Diego Giuliano, junto con otros legisladores de la bancada peronista, impulsó el proyecto de Ley Nacional de Gestión Integral del Riesgo Hídrico frente al fenómeno de El Niño. Sin embargo, la iniciativa no ha obtenido acompañamiento ni debate prioritario mientras las inundaciones acechan el Litoral.

Por eso el legislador exige que las comisiones parlamentarias aborden de manera urgente su tratamiento para transformar la prevención de catástrofes en una política de Estado permanente.

“113 diputados votaron en contra de tratar la emergencia hídrica. 124 votamos a favor, pero no alcanzamos la mayoría necesaria. ¿No vieron las imágenes de Santa Fe y el Litoral? Familias afectadas, productores arriando animales para escapar del agua”, escribió en su cuenta de X.

¿De qué trata el proyecto de El Niño?

Luego advirtió al oficialismo: “Las inundaciones no esperan los tiempos de la política. Gobiernan un país que no quieren, que no cuidan”.

La propuesta busca establecer un marco jurídico nacional para pasar de un esquema meramente reactivo ante las emergencias a una política sostenida de gestión del riesgo, resiliencia y adaptación ambiental.

El objeto es implementar medidas permanentes de prevención, planificación y coordinación que protejan la vida, la producción, los bienes, la infraestructura estratégica y el ambiente en todo el territorio nacional.

Además plantea financiamiento a través de la creación del Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo Hídrico, integrado por partidas del Presupuesto Nacional, donaciones y operaciones de crédito internacional, destinado a financiar obras hidráulicas, investigación y asistencia a provincias y municipios.

El texto de la norma contempla mandatos directos y responsabilidades específicas para el Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo la elaboración del Plan Nacional que debe actualizar anualmente detallando zonas críticas, protocolos de evacuación, protección de rutas y priorización de infraestructura hidráulica.

A su vez debe garantizar la coordinación e interoperabilidad entre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la CONAE y los organismos provinciales para emitir alertas de acceso público oportunas.

Y también obliga al Ejecutivo a enviar al Parlamento cada seis meses un informe detallado sobre la evaluación del riesgo hídrico en las distintas cuencas, el estado de ejecución del Plan Nacional, las obras en marcha y las recomendaciones científicas.