La ex presidenta Cristina Kirchner y su ex canciller Héctor Timerman apelaron ayer ante la Cámara Federal de Casación Penal sus respectivos procesamientos con prisión preventiva, en el marco de la causa por presunto encubrimiento de Irán en la investigación del atentado a la Amia.
Será ahora el máximo tribunal penal del país el que deberá decidir si confirma o revoca los procesamientos
La abogada de la senadora nacional y el ex canciller en el caso, Graciana Peñafort, presentó el pedido a raíz del fallo de la Sala II de la Cámara Federal, que había confirmado los procesamientos con prisión preventiva.
Actualmente, Timerman se encuentra con prisión domiciliaria por problemas de salud, en tanto que sobre la ex mandataria pesa un pedido de desafuero en el Senado.
La abogada también apeló la negativa al pedido de excarcelación para el ex canciller, tanto del juez Claudio Bonadio como de la Sala II de la Cámara Federal.
Si bien está en receso judicial de verano, apenas reciba el recurso la Cámara lo trasladará a la Casación, que no tiene plazo establecido para resolver sobre los procesamientos.
En primera instancia, Bonadio dispuso enviar el expediente en consulta a la fiscalía, a cargo de Eduardo Taiano, y a las defensas y querellas, para enviar el caso a juicio oral y público.
En función de ello, los plazos para que las partes hagan sus requerimientos a favor o en contra de que la causa pase a juicio empiezan a correr desde mañana, fecha a partir de la cual se habilitó el trámite durante la feria.
Poco antes del receso, la Cámara Federal ratificó los procesamientos con prisión preventiva de la ex presidenta, de Timerman, del ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini, del dirigente Luis D'Elía, del ex líder de Quebracho Fernando Esteche y del representante de la comunidad islámica en el país Jorge Khalil.
En tanto, ratificó los procesamientos sin prisión preventiva del ex titular de la AFI Oscar Parrilli y del diputado Andrés Cuervo Larroque por los delitos de "estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado".
"En definitiva, por sobre el arraigo, vínculos familiares y la actividad de presentarse al ser convocados (que todos exhibieron), lo expuesto en la presente revela la existencia de razones fuertes de diferente tenor que, con arreglo a los lineamientos impuestos por la ley y a la aplicación que de ellos ha propiciado afianzada jurisprudencia de la sala, justifican holgadamente la presunción de riesgo procesal", explicaron los camaristas.
Para justificar la decisión, señalaron que "la gravedad de los cargos que pesan contra los imputados es indudable" y que "las evidencias sobre el modo de ejecución de los hechos y sus características demuestran, por todos lados, que se usó cualquier medio al alcance para evitar dejar rastros del delito".
Por otra parte, hicieron lugar al pedido de la ex mandataria nacional para que se quite la figura de "traición a la Patria" en el procesamiento que pesa en su contra y en el resto de los acusados por entender que ese ilícito requiere de una declaración de guerra.
Además, ratificaron el embargo de 50 millones de pesos en su contra que había sido dictado por el juez Bonadio semanas atrás.
La ex jefa del Estado está acusada de "impartir personalmente las instrucciones al resto de los imputados" para "favorecer a los acusados iraníes" a través de la firma del acuerdo bilateral con Irán, que nunca se aplicó y fue declarado finalmente inconstitucional.
Por Hernán Cabrera
Por Lucas Ameriso