En el marco del criptogate, la jueza María Servini comenzó a requerir información bancaria de Javier y Karina Milei, los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales.
La jueza federal María Servini avanza la investigación en torno al lanzamiento de la memecoin $Libra, en febrero pasado
Foto: Archivo / La Capital.
La Justicia posa la lupa sobre la secretaria General de la Presidencia y el jefe del Estado.
En el marco del criptogate, la jueza María Servini comenzó a requerir información bancaria de Javier y Karina Milei, los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales.
La decisión se tomó un mes después de que el fiscal federal Eduardo Taiano solicitara a el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
La investigación se centra en una presunta estafa relacionada con la criptomoneda $Libra y dio lugar a la apertura de un legajo patrimonial reservado, que se tramita en forma paralela a la causa principal.
En ese contexto, Taiano había solicitado a comienzos de abril pasado el acceso a datos fiscales y bancarios de los imputados y el análisis de la evolución patrimonial de cada uno desde 2023 hasta la actualidad.
En respuesta a esos pedidos, Servini firmó una resolución dirigida al Departamento de Legales del Banco Central (BCRA) solicitando el detalle de las operaciones realizadas por el jefe del Estado, la secretaria General de la Presidencia, Novelli, Terrones Godoy y Morales desde 2023.
La información deberá provenir del Régimen Informativo Contable Mensual y detallará las entidades financieras con las que los acusados mantuvieron vínculos.
Además, fue dispuesto el levantamiento del secreto bursátil para Novelli, Terrones Godoy y Morales. La Justicia solicitó que se informe si ellos fueron tenedores de acciones, bonos u otros títulos negociables, así como los saldos al 31 de diciembre de 2022 y todas las operaciones realizadas desde entonces.
La fiscalía busca detectar inconsistencias en el crecimiento patrimonial de los acusados, en especial a partir del polémico lanzamiento de la criptomoneda $Libra.
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Por Claudio Berón
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